CUERNAVACA, Mor. (apro).- La abogada Adelaida Marcelino Mateo ofreció una conferencia de prensa sui géneris para presentar a “la primera policía comunitaria” o “autodefensa” de la entidad, consistente en un grupo de 13 embozadas, armados con machetes y palos. En pleno centro de Cuernavaca, en el restaurante Los Arcos, ubicado en la plancha de la plaza de armas de la capital, los hombres armados, algunos de ellos muy jóvenes, casi unos niños, levantaron sus machetes. Mientras tanto, a unos metros, elementos de la Unidad Especial de Combate al Secuestro y la Extorsión de la Fiscalía General de Morelos, así como del Mando Único, organizaban un operativo que cerró el primer cuadro de la capital y esperó a que culminara la presentación de los civiles armados en rueda de prensa. Media hora después, los policías arrebataron los machetes y palos a los “policías comunitarios”, y enseguida los detuvieron violentamente, los sacaron casi arrastrando por enfrente del viejo edificio de Correos. Patrullas dispuestas aguardaban sobre la calle de Galeana. A la fuerza, 13 personas, entre ellas varias mujeres, fueron subidas y trasladadas al edificio de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Entonces la violencia se generalizó. Las mujeres que acompañaban a la “policía comunitaria” y sus pequeños hijos gritaban, algunas de ellas lanzaban manotazos, pero los policías no se detuvieron. Uno o dos de los jóvenes autodefensas eran bastante fuertes y altos, lo que primero impidió que los pudieran controlar, sin embargo, con la suma de hasta 10 elementos policiacos al final fueron sometidos. La abogada Marcelino Mateo huyó del lugar y hasta las 18:00 horas no se sabía nada de su paradero. En tanto, el secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina confirmó que fueron detenidas 13 personas, y advirtió que “no permitirá la conformación de grupos de autodefensas en Morelos”. Conflicto FPR-Los Victorinos En la comunidad de Chivatero, en el municipio de Ayala, los conflictos por la tierra son añejos. En esa comunidad, el Frente Popular Revolucionario (FPR), organización social de Morelos, realiza trabajo comunitario justo en defensa de la tierra. Uno de sus integrantes, el activista Gustavo Alejandro Salgado Delgado, fue asesinado en febrero de 2015. Proceso dio a conocer en su portal la historia en diversas notas informativas y en la serie de reportajes publicados por Arturo Rodríguez, titulada “Peña Nieto, represión en aumento”, donde aborda la historia de “Gustavo. El comunista asesinado”. El día de su asesinato, cuando fue desmembrado y decapitado, el Ejército detuvo a Victorino Marcelino Hernández, Héctor Ortega, Lidio Marcelino Mateos y Víctor Marcelino Mateos, conocidos como “Los Victorinos”, un grupo de indígenas tlapanecos a quienes acusaron de la muerte de Salgado Delgado. Sin embargo, la defensa encabezada por la abogada Adelaida Marcelino, a quien se señala como familiar de algunos de los detenidos, aseguró que son inocentes y ha denunciado anomalías en la investigación. En el caso también se vio involucrado el actual diputado local panista José Manuel Tablas Pimentel, y entonces alcalde de Ayala, sin embargo, nunca se abrió una investigación sobre esa línea de investigación. El pasado lunes se llevó a cabo la audiencia del juicio de los Victorinos, lo que generó enorme tensión en la sala de juicios orales de Cuautla, donde también se desarrollaba la audiencia de los acusados por la inhumación clandestina de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández en las fosas clandestinas de Tetelcingo. Al terminar la audiencia, la tensión se trasladó a Chivatero. Por la noche, los dos grupos en pugna se enfrentaron a golpes y machetazos. Pobladores de esa comunidad que han tomado partido por los Victorinos se enfrentaron con integrantes del FPR. Las autoridades y cuerpos policiacos estuvieron ausentes, pues desde el principio se han deslindado del asunto. En respuesta a ese enfrentamiento, la abogada y familiar de los Victorinos, Adelaida Marcelino, presentó en Cuernavaca a la “primera (supuesta) policía comunitaria”, pues asegura que el gobierno no ayuda a resolver el conflicto en Chivatero, que se puede generalizar a todo el municipio de Ayala, ubicado al sur de Cuautla. Policías comunitarias Aunque el gobierno de Morelos lo niega, el pasado 10 de mayo el portal de Proceso dio a conocer la conformación del Consejo de Seguridad Comunitaria, que agrupa a grupos de defensa civil de 11 comunidades “para proteger a los pobladores frente al desbordamiento de la violencia e inseguridad en la región”. Este medio platicó con los líderes del movimiento popular en el atrio del exconvento de Santo Domingo de Guzmán, ubicado en la comunidad del mismo nombre, perteneciente al municipio de Tetela del Volcán, localizado en las faldas del Popocatépetl. Ocho hombres y una mujer aceptaron hablar con el reportero y confirmaron las versiones sobre el surgimiento de un grupo de “autodefensas”, muy parecido al que emergió en Michoacán con José Manuel Mireles, actualmente preso en el penal de alta seguridad de Hermosillo, Sonora. Con la condición de mantener el anonimato, uno de los líderes explicó las razones de su reservada actitud: “Algunos medios quieren tomarnos como bandera, por eso queremos aclarar las cosas. No tenemos miedo, bueno, no es fácil, pero ya le entramos a esto, ya no podemos rajarnos. Pero no queremos dar nuestros nombres porque no queremos que los compañeros nos acusen de protagonistas”. Tercia otro: “Acordamos que esto no es para politizarlo. No queremos a los partidos políticos. No estamos ligados a partidos políticos ni a los alcaldes. Somos gente del pueblo, de confianza de los pueblos”. Una semana antes los representantes del Consejo se reunieron en una comunidad de Yecapixtla y emplazaron a los gobiernos municipales, estatal y federal a dar resultados cuanto antes o atenerse a las consecuencias. Algunos medios manejaron la información de que se armarían, pero esa versión fue rechazada por los integrantes de la red de seguridad.