PUEBLA, Pue. (apro).- Aunque el único elemento que tuvo en su contra fue un escrito anónimo, la Fiscalía General del Estado ha mantenido abierto por un año el expediente en contra de siete estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), a los que acusó de colocar artefactos explosivos en edificios públicos de esta ciudad. La abogada Hokabet Quintero Plata dijo que el fiscal Víctor Carrancá mantiene estancado el procedimiento en contra de los jóvenes como una forma de reprimir y neutralizar movilizaciones estudiantiles en la entidad. Al cumplirse un año de que artefactos explosivos fueron detonados en una parada del metrobús, en la delegación de la Secretaría de Economía y en el Instituto Nacional Electoral (INE), los estudiantes dijeron que viven con el temor de que en cualquier momento vuelvan a ser reaprendidos, luego de que el expediente en su contra sigue abierto. Ana Rosa Zilli Colorado y Dulce Carolina Parra Escalona, de la Facultad de Medicina; Carlos Arafat Rosas Villegas, Juan Carlos Tepole Ixtacua, Axel Jiménez Morillo, Shariff Guerrero Contreras y Erick López Cruz, de la Escuela de Sociología, fueron los estudiantes acusados de esos hechos. La madrugada del 4 de junio de 2015, elementos de la Policía Ministerial del Estado allanaron y catearon las casas de los jóvenes, para sacarlos por la fuerza y llevarlos detenidos aunque no había órdenes de aprehensión, recordó la abogada Mareli Vélez. Pese a esto, indicó que ahora la autoridad poblana sostiene que los jóvenes se presentaron a declarar por voluntad propia en torno a las acusaciones que había en su contra, cuando realmente fueron sacados de manera violenta de sus casas por la madrugada. Aunque han pedido que los elementos policiacos que participaron en los cateos se presenten a declarar, la Fiscalía se ha negado a que sean interrogados. Desde entonces a la fecha, indicó la abogada, la investigación contra los estudiantes carece de mayor fundamento que un escrito anónimo que no aporta mayores elementos y con base en el cual se trató de procesar a los jóvenes por el delito de terrorismo. También aseguró que la actuación de la Fiscalía, antes Procuraduría estatal, incurre en la ilegalidad y en una serie de violaciones a los derechos humanos de los jóvenes y sus familias, quienes desde entonces ya no han vuelto a tener tranquilidad. Luego recordó que durante los cateos los elementos ministeriales se apropiaron incluso de dinero que tenían en sus casas y aseguraron objetos como computadoras y celulares, que a la fecha se mantienen como parte de los objetos sujetos a investigación. La abogada Quintero Plata sostuvo que la Fiscalía ha manipulado la investigación de una manera que “ofende la inteligencia”, además de que no permite a los defensores acceder al expediente ni les admite pruebas, les niegan copias de las actuaciones y luego las cambian. “A un año de esta arbitrariedad, tenemos un estado procesal estancando, sigue la indagatoria abierta a pesar que el fiscal no tiene suficientes elementos de prueba para los delitos que busca tipificar contra los muchachos”, alertó la abogada Quintero Plata. Aunque han pedido por distintas vías que el expediente quede cerrado por falta de elementos, la Fiscalía insiste en mantenerlo abierto, acusó. Presente en la rueda de prensa, Ana Rosa Zilli, estudiante de Medicina, refirió que pese a tener uno de los mejores promedios de su generación, a partir de los hechos perdió un cuatrimestre y se mantuvo prácticamente encerrada por medio año por temor a que la volvieran a detener. Incluso mencionó que situaciones similares padece el resto de los jóvenes que fueron involucrados en este caso, todos estudiantes con buenas calificaciones y quienes han tenido problemas para continuar con sus actividades escolares por el temor de que las autoridades insistan en la vigencia de las averiguaciones en su contra.