Acusan trato desigual en acusaciones a funcionarios por riñas en Topo Chico

martes, 21 de junio de 2016
MONTERREY, NL (apro).- La defensa del exencargado de la Administración Penitenciaria Estatal, Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, actualmente en prisión, acusó a las autoridades judiciales de Nuevo León de dar trato desigual a los funcionarios que han estado al frente del reclusorio del Topo Chico, durante las dos riñas mortales que ahí han ocurrido este año. El abogado Mario Franco Villa precisó que a Domínguez Jaramillo, internado en la penitenciaría federal de Nayarit, lo acusan de homicidio, luego del motín que acabó con la vida de 49 internos, la noche del 10 de febrero del 2016. Sin embargo, por el asesinato de 3 reos, el 1 de junio pasado, no existen acusaciones contra quienes lo sucedieron en el puesto. El litigante explicó que los casos son prácticamente idénticos, aunque a su cliente y a la entonces directora Gregoria Salazar Robles, los están procesando como autores material de las decenas de muertes, “como si ellos hubieran golpeado directamente a los fallecidos”. “El trato ha sido desigual. En el amotinamiento del 1 de junio, a los directores, coordinadores y quienes están al frente del Topo Chico, no fueron llevados a juicio, o algo por el estilo, aunque hubo 3 fallecidos y 19 lesionados. Es prácticamente igual el hecho. Ahí hay algo político, una forma diferente de tratamiento de la procuración de la justicia”, señaló Franco. El manejo judicial del caso reciente en la vieja penitenciaría, donde fueron privados de la vida Javier Orlando Galindo Puente, “El Maruchan”, y dos de sus seguidores, demuestran que en acciones como estas, la directora Salazar y el comisario en jefe Domínguez, no son responsables de los hechos, afirmó Franco Villa. En los dos casos, la Procuraduría estatal alegó que las muertes ocurrieron por riñas entre reclusos por tomar el control interno del penal Explicó que desde que inició el proceso, por la muerte de los 49, el equipo de Ministerios Públicos, encabezado por Carlos Alberto cruz de Hoyos, no ha presentado pruebas en contra de Domínguez y Salazar, pese a que el expediente ya se encuentra en la etapa de cierre de plazo de investigación. “No hay ninguna prueba, no hay investigación de parte del Ministerio Público. En 120 días no ha hecho absolutamente nada. Es un afán de transgredir, aún más, las garantías de mi defendido. El propósito es darle largas a esto”. “Las autopsias de los homicidios son la única prueba que están mostrando, pero eso lo único que demuestra es las causas generadoras del fallecimiento. Pero no revela que mi cliente haya llevado a cabo una acción u omisión, para que se haya llevado a cabo ese resultado, antijurídico”, señaló en entrevista. Dijo, que, inexplicablemente, el representante social pidió al juez de control una ampliación del plazo dos meses más para allegar más pruebas incriminatorias, cuando, afirma, a lo largo del proceso, no ha aportado ninguna. Explicó que actualmente, Domínguez Jaramillo se encuentra recluido en el centro de readaptación social federal 4 de Tepic, mientras Salazar está en el Cereso 16 de Coatlán del Río, Morelos. Los derechos de su cliente fueron violentados pues fue enviado a un reclusorio federal, cuando el delito por el que se le acusa no es desahogado por ese fuero. Cuando fue encarcelado, el juez lo envió al Topo Chico, pues el acusado sentía que su vida no corría peligro en el lugar. Sin embargo, las autoridades penitenciarias a nivel federal y la estatal acordaron enviarlo a Tepic, alegó el abogado.

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