Con 29 mil firmas exigen ratificar suspensión de proyecto eólico en Juchitán

martes, 21 de junio de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La comunidad zapoteca de Juchitán, Oaxaca, presentó este martes más de 29 mil firmas para exigir al Tribunal Colegiado que ratifique la suspensión de Eólica del Sur, un proyecto en el Istmo de Tehuantepec para abastecer de electricidad una planta de Fomento Económico Mexicano (FEMSA), principal distribuidor de Coca Cola en el país. El pasado 12 de octubre, la comunidad zapoteca, apoyada por expertos y organizaciones de la sociedad civil, logró suspender el proyecto después de demostrar que el proceso de consulta no respetó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La decisión quedó ratificada en el amparo indirecto 454/2015, promovido por mil 166 indígenas. Un grupo de expertos detectó varias inconsistencias en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entre ellas que la empresa ocultó información sobre las consecuencias negativas de la planta eólica en toda la Selva Baja Espinosa y parte del Corredor Biológico Mesoamericano. Para conseguir la MIA, la empresa tuvo un aliado poderoso: Rodolfo Lacy Tamayo, socio fundador de Especialistas Ambientales S.A. de C.V., la misma que realizó la MIA del proyecto en 2014. Pero, además, desde que Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia de la República, el 1 de diciembre de 2012, Lacy ha fungido como subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. Otro grupo de expertos demostró en un amicus curiae que la Secretaría de Energía (Sener) había aprobado los permisos y autorizaciones antes de realizar la supuesta consulta. Sin embargo, el pasado jueves 9 Carlos Alberto Osogobio Barón, juez séptimo de Distrito en Salina Cruz, Oaxaca, levantó la suspensión del proyecto con el argumento de que la consulta se realizó conforme a los estándares internacionales. El representante de la comunidad, Ricardo Lagunes, promovió un amparo en el que subrayó las inconsistencias de la decisión del juez Osogobio, y pidió al Tribunal Colegiado que solicite a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el caso. En la petición en línea, Alfredo Saynes, un integrante de la comunidad zapoteca de Juchitán, lamentó que “la mayoría de estos proyectos, como Eólica del Sur, fueron autorizados por el gobierno federal sin respeto a nuestra autodeterminación y sin un proceso adecuado de consulta previa, libre e informada”. Para financiarse, el proyecto recibió 75 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el que aparece bajo la matrícula ME-L1107, y consiste en “la construcción de una planta de energía eólica de 396 KW en Oaxaca y la infraestructura asociada, en la área (sic) del Istmos (sic) de Tehuantepec. El Proyecto proveerá energía al Fomento Económico Mexicano SAB de C.V. (FEMSA) bajo el marco legal del Programa de Autoabastecimiento”, destaca el documento. En marzo de 2011, al anunciar el arranque del proyecto, se informó que 85% de la energía producida será consumida por FEMSA Comercio (OXXO), Coca-Cola FEMSA México y FEMSA Insumos Estratégicos, y el resto se destinará a las plantas de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Según el Centro Mexicano para el Derecho Ambiental (Cemda), “el proyecto Eólica del Sur es el primer megaproyecto de inversión en el sector energético que se presenta después de aprobada la reforma energética”. En su petición, Saynes precisó: “Nuestra comunidad no se opone a la energía eólica en sí misma, sino a la forma en que se nos imponen estos proyectos violando nuestros derechos humanos”.

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