COLIMA, Col. (apro).- El Congreso local denunció penalmente esta noche al exgobernador priista Mario Anguiano Moreno y cinco de sus excolaboradores, a quienes acusó de peculado, ejercicio indebido de funciones, coalición de servidores públicos y falsedad ante autoridades no judiciales, en relación con el uso de un crédito por 638 millones de pesos contratado en la anterior administración con el banco Interacciones. Además del exmandatario, fueron responsabilizados de esos delitos el exsecretario general de Gobierno Rafael Gutiérrez Villalobos, la exsecretaria de Finanzas y Administración Blanca Isabel Ávalos Fernández, así como los mandos medios de esta última dependencia Adriana Elizabeth Vargas Valle, Ricardo Miguel Arteaga González y Jorge Anguiano Olmos. A la presentación de la denuncia en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que fue clasificada bajo el expediente 475/2016, acudieron los diputados Nicolás Contreras Cortés, presidente de la Mesa Directiva; Leticia Zepeda Mesina, secretaria de la Mesa Directiva; Miguel Alejandro García Rivera, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y Luis Humberto Ladino Ochoa, presidente de la Comisión de Gobierno Interno y coordinador de la fracción parlamentaria del PAN. Ladino Ochoa señaló que la denuncia del Congreso contra el exgobernador constituye “un hecho histórico”, por lo que “el balón ya está en la cancha del gobierno del estado” y le corresponderá al procurador y al actual Ejecutivo estatal dar seguimiento a esa denuncia. La base de la denuncia es el informe de auditoría presentado recientemente por el Organismo Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), que reportó una serie de irregularidades atribuidas a los exservidores públicos señalados, para quienes además de la denuncia penal recomendó iniciar un proceso de inhabilitación para ocupar cargos públicos por periodos que van de 6 a 14 años y una sanción económica conjunta por 707 millones de pesos. La diputada Leticia Zepeda señaló que ahora corresponderá al Ministerio Público realizar las investigaciones necesarias, labor de la que estará pendiente el Congreso para que el proceso se lleve a cabo conforme a lo establecido en la ley. También dijo que mientras se le da cauce a la denuncia por la vía penal, la Comisión de Responsabilidades del Congreso iniciará un juicio por la vía administrativa en el que tendrán derecho de audiencia las partes implicadas, y “vamos a tener un resolutivo apegado a la ley, como la población lo espera”, ofreció. En tanto que el diputado García Rivera señaló que frente a este caso la fracción del PRI se opuso al dictamen y trató de confundir a la gente argumentando que no estaba bien fundado, pero “no querían que esto se llevara a cabo, esa es la realidad”.