CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, acusó al gobernador Graco Ramírez de cometer delitos de “encubrimiento, negligencia y obstrucción de la justicia” en la inhumación ilegal de cuerpos en fosas de Tetelcingo, en el municipio de Cuautla. Al dar a conocer un informe sobre la exhumación de cadáveres de esas fosas, Vera Jiménez exigió que el mandatario estatal y los funcionarios de su gobierno involucrados en este episodio sean “investigados y sancionados conforme a derecho”, así como “garantizar la justicia restaurativa a las víctimas”. Acompañado del poeta Javier Sicilia –fundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD)–, familiares de víctimas, activistas e integrantes del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, el rector reveló algunas de las graves irregularidades detectadas durante las excavaciones que se realizaron del 23 de mayo al 3 de junio, entre las que destaca un faltante de 33 cuerpos que habían sido reportados como inhumados junto con otros 117, el 28 de marzo de 2014, según una tarjeta informativa de la Dirección de Policía Preventiva Municipal, Mando Único de Cuautla. El reporte hace una detallada relatoría de cómo se fueron gestando las exhumaciones por parte de los familiares de las víctimas, la sociedad civil y la UAEM, incluido entre estos esfuerzos el amparo que ganaron los familiares de una de las víctimas. También se cuentan los obstáculos que constantemente imponía el gobierno de Graco Ramírez para negar el derecho a los familiares de estar representados en las excavaciones, entre ellos el proceso penal abierto por la Fiscalía General del estado de Morelos en contra de María Concepción Hernández Hernández, madre de Oliver Wenceslao Navarrete, cuyo cuerpo fue inhumado ilegalmente en Tetelcingo. Otros procesos fueron abiertos en contra del coordinador de la Comisión Científica de Identificación Humana de la UAEM, Iván Martínez Duncker, de dos policías del Mando Único de Cuautla, así como del propio rector Vera y el fundador del MPJD. Peor aún, el rector denunció en su escrito que habría indicios de la existencia de otras fosas clandestinas. La UAEM recabó testimonios de que en el panteón municipal de la colonia Pedro Amaro, del municipio de Jojutla, hay fosas en las que “se han llevado a cabo inhumaciones desde hace más de 10 años”. En el informe se destaca que pese a que el 17 de mayo el gobierno de Graco Ramírez se comprometió, a través de su secretario de Gobierno Matías Quiroz Medina y el fiscal general Javier Pérez Durón, a retirar la demanda penal, hasta ahora no ha cumplido con lo acordado en la reunión que sostuvieron familiares de víctimas y sus representantes con la procuradora general de la República, Arely Gómez. Ese día se acordaron las excavaciones de las fosas “con la participación conjunta de los peritos de la UAEM, de la propia PGR, de la División Científica de la Policía Federal y de la Fiscalía General del estado de Morelos, con la observación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como de familiares y organizaciones de víctimas de desaparición”. Como antecedente, el documento resalta que al revelarse la existencia de las fosas, en una comparecencia ante el Congreso local en noviembre de 2015, el fiscal Pérez Durón aseguró que en Tetelcingo se habían enterrado 116 cuerpos, se habían abierto 107 carpetas de investigación y se contaba con 44 perfiles genéticos. Sin embargo, durante las excavaciones “se encontraron 117 cuerpos enterrados como basura en dos fosas (…), entre ellos los de tres menores”, así como “nueve bolsas con 12 restos de otros cuerpos, de los cuales no existía registro alguno a los que se les abrió carpeta de investigación”. Al señalar que los cuerpos exhumados “corresponden a delitos cometidos entre 2010 y 2013”, el escrito indica que entre las irregularidades graves detectadas resalta la “diferencia entre los 117 cuerpos y los 150 que se inhumaron el 28 de marzo de 2014, según la tarjeta informativa de la Dirección de la Policía Preventiva Municipal, Mando Único de Cuautla”. Los 33 cuerpos faltantes “presumiblemente estarían depositados en una tercera fosa, de acuerdo con el expediente de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández y con la mencionada tarjeta informativa”. Otra irregularidad detectada es que de los 117 cuerpos exhumados, “34 no tenían o no estaban vinculados a carpeta de investigación, por lo que se les asignó un número de carpeta de investigación”, situación que contradice lo dicho por el fiscal ante el Congreso, así como lo afirmado por Graco Ramírez en una entrevista televisiva en diciembre de 2015. En cuanto a la condición de los cuerpos exhumados, la revisión de los peritos de la UAEM determinó que “algunos cuerpos no tenían la necropsia de ley; otros más habían sido mutilados y/o presentaban huellas de malos tratos, inhumanos y degradantes”; algunos otros “presentaban heridas por proyectil de arma de fuego; otros de ellos conservaban sus ropas y pertenencias personales que son fundamentales para su identificación y la persecución del delito”. Grave resulta también el hallazgo “de cuerpos identificados con nombre y apellidos, de los cuales se conocía su procedencia”, sin que hasta ahora se conozca por parte de la Fiscalía “qué acciones llevó a cabo para dar con el paradero de sus familias”. Al insistir que fue la lucha de los familiares lo que permitió el rescate de restos y no la acción del gobierno estatal, el informe destaca que es evidente que “Graco Ramírez Garrido Abreu mintió con respecto a la legalidad y número de fosas, así como sobre el hecho de que todos los cadáveres tenían carpetas de investigación”. Una vez que se demostró lo contrario, continúa, es claro que el mandatario “incurrió en delitos de encubrimiento, negligencia y obstrucción de la justicia”, por lo que él y los funcionarios involucrados “deben ser investigados y sancionados conforme a derecho”, además de que “se debe garantizar la justicia restaurativa a las víctimas. El documento avalado por la UAEM enfatiza que en las fosas de Tetelcingo “no se cometió un ‘error garrafal’, como afirmó el gobernador el pasado viernes 17, sino actos criminales al inhumar a personas, ilegalmente y en fosas clandestinas, sin cumplir con los protocolos para la identificación humana”, por lo que la Fiscalía General está obligada a identificar a cada una de las personas encontradas y entregarlas a sus familias. Para la UAEM, lo ocurrido con las fosas de Tetelcingo podría configurar “delitos de lesa humanidad o graves violaciones a derechos humanos, mismos que también deben ser investigados y sancionados por organismos internacionales”. Exige que la Fiscalía investigue sobre la muerte de las personas cuyos cuerpos fueron exhumados, dado que muchas de ellas fueron víctima de delitos. “Las aberraciones del gobierno del estado de Morelos evidenciadas en las diligencia de Tetelcingo hacen imprescindible el que se apliquen protocolos forenses con estándares internacionales para erradicarlas”, considera la institución académica en su escrito. “Estas fosas y otras más que se encuentran a lo largo y ancho del estado de Morelos deben ser intervenidas, al igual que las de Tetelcingo”, puntualiza el informe ante indicios de la existencia de más fosas clandestinas abiertas en panteones municipales, lo que confirmaría que esta “conducta sistemática del Estado favorece la desaparición de personas”.