LEÓN, Gto., (apro).- El exdirector de Prevención del Delito en la gestión municipal leonesa que encabezó la actual diputada federal del PRI, Bárbara Botello Santibáñez, recibió auto de formal prisión por parte de un juez penal, acusado de desviar recursos y defraudar al erario local por un monto de casi 644 mil pesos. Carlos Gustavo Torres Navarro simuló contratar a una empresa con razón social “Servicios profesionales e integrales, Prohispa SA de CV”, a la cual se le pagaron 643 mil 800 pesos por cursos de verano en prevención del delito, conductas antisociales, consumo de drogas, prevención de accidentes y otras actividades. En realidad la empresa era “fantasma” y él mismo la creó utilizando a un tercero al que dio de alta en la Secretaría de Hacienda con engaños y ofreciéndole un empleo, según publicó el diario AM de León en octubre pasado. Este exfuncionario simuló dos contratos con la empresa fantasma: el primero por la cantidad arriba mencionada, y un segundo por 875 mil pesos para otro tipo de servicios, los cuales en realidad efectuaron los propios empleados municipales de la Dirección de Prevención. Los contratos fueron firmados por la entonces alcaldesa priista Bárbara Botello; el secretario del Ayuntamiento Martín Ortiz, y el secretario de Seguridad Francisco Candelas, según consignó el diario el año pasado. La actual administración que preside el panista Héctor López Santillana interpuso tres denuncias penales por presuntas anomalías cometidas en el trienio de Botello, actual vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. En este caso la denuncia se presentó en febrero. Carlos Gustavo Torres se presentó amparado al ser notificado del auto de formal prisión por el fraude en agravio al gobierno leonés. El Poder Judicial y la Procuraduría local informaron por separado que el exfuncionario presentó su declaración preparatoria el lunes 6 ante el juez primero penal en León, y este martes 7 se resolvió su situación jurídica con la formal prisión en su contra, dentro de la causa 233/16. Según la Procuraduría, Torres está señalado como presunto responsable de haber “confeccionado procesos de contratación ilícitos para obtener el pago”, y para ello elaboró los contratos, efectuó todas las gestiones ante la Dirección de Egresos y “pagó” a la empresa fantasma por 30 talleres de verano, que incluían actividades recreativas y culturales para prevenir el delito. El exfuncionario es hasta ahora el único que ha sido consignado hasta el momento por las irregularidades detectadas, según lo que ha informado la PGJE.