COLIMA, Col. (apro).- La investigación sobre los presuntos malos manejos financieros del exgobernador Mario Anguiano Moreno y algunos de sus excolaboradores pasó a manos de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), luego de que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) procedió penalmente en contra de los exservidores públicos. A través de su representante jurídico, Jesús Alejandro Silva López, el organismo fiscalizador interpuso una denuncia de hechos ante el MP del fuero común, tras haber detectado una serie de anomalías en el manejo y gasto de un crédito por 638 millones de pesos durante el último año de la administración anterior. Encabezado por Carlos Armando Zamora González, el Osafig dio a conocer el lunes 6 su dictamen sobre la auditoría especial practicada al manejo de ese crédito, y entre sus propuestas planteó inhabilitar al exmandatario hasta por 14 años para ocupar puestos públicos en los ámbitos estatal y municipal, una sanción económica por 707 millones de pesos y dar vista al MP para que esta autoridad determine los presuntos delitos cometidos. Además de Anguiano Moreno, también fueron señalados como presuntos responsables Rafael Gutiérrez Villalobos, exsecretario general de Gobierno; Blanca Isabel Ávalos Fernández, exsecretaria de Finanzas y Administración, y tres exfuncionarios de nivel medio adscritos a esta última dependencia. Al respecto, el gobernador priista José Ignacio Peralta Sánchez declaró hoy que la PGJE se conducirá conforme a lo establecido en la ley para determinar, con base en la documentación que el Osafig presenta, si procede el asunto desde el punto de vista judicial. Aunque advirtió que en estos momentos no es posible llegar a una conclusión sobre este caso y pidió esperar a que concluya la investigación, el mandatario recordó que desde el primer día de su gobierno tiene claro que “la principal exigencia de la sociedad es no más corrupción, no más impunidad y tenemos que actuar en consecuencia; lo hacemos no sólo porque es una obligación de ley, sino de pleno convencimiento”. Por su lado el diputado panista Alejandro García Rivera, presidente de la Comisión de Hacienda, indicó que una vez concluida la auditoría especial del Osafig se elaborará el dictamen respectivo y, si se aprueba, será turnado a la Comisión de Responsabilidades, que escuchará a las partes para emitir la resolución que corresponda. En un comunicado, la delegada estatal del PRD, Martha María Zepeda del Toro, señaló que el informe del Osafig comprueba la ilegalidad del crédito por 638 millones de pesos y pidió castigar tanto a los exfuncionarios involucrados como a los exdiputados que lo aprobaron en la legislatura anterior. “El balón —comentó— está puesto en la cancha del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, quien deberá procesar ante la Procuraduría General de Justicia del Estado las denuncias correspondientes para que vayan a prisión quienes alteraron documentos públicos, se coludieron para quebrantar las finanzas y para quienes se beneficiaron del desvío de los recursos públicos”. Añadió: “También el balón está en la cancha del Congreso del estado, que deberá sancionar pecuniaria y políticamente al exgobernador Mario Anguiano, a su secretarios de Estado que intervinieron en las finanzas públicas, y a los 17 legisladores que votaron a favor del endeudamiento”. El presidente estatal del PRI, Rogelio Rueda Sánchez, dijo por su parte que el gobernador Peralta se ha manifestado reiteradamente a favor de la transparencia, de la responsabilidad en el ejercicio de recursos públicos y en el desempeño de la función pública, y “por supuesto que si hay alguna responsabilidad que asumir respecto de ello, así debe ser, trátese de quién se trate, de cualquier nivel de servidor público de cualquier partido político”. No obstante, dijo que “hay que conocer el soporte que tengan los planteamientos, porque es deseable que este tipo de procedimientos no los echemos a perder; no vayamos a estar jugando con la confianza de la gente, que le dan información de que hay irregularidades y están combatiéndose, y luego resulte que ‘dijo mi mamá que siempre no’, que hubo un amparo y que no tenían elementos necesarios para actuar”. Rueda hizo votos por que el Osafig esté haciendo bien las cosas, “no porque le deseemos mal a ningún funcionario ni servidor público de ningún gobierno, incluyendo el gobierno anterior, lo digo porque más importante que todo es la confianza de la ciudadanía y no debemos jugar con ella”.