Grupo minero falsifica firmas para operar basurero industrial

jueves, 9 de junio de 2016
SAN LUIS POTOSÍ, SLP, (apro).- Cuatro exregidores del ayuntamiento del municipio de Santo Domingo acudieron a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) para denunciar la falsificación de sus firmas en un acta en la que presuntamente se otorga el cambio de uso de suelo para la instalación del confinamiento de residuos industriales (tóxicos) en el rancho Palula, sin embargo, la dependencia no les recibió el documento. El acta fue utilizada por la empresa Centro de ingeniería y Tecnología Sustentable (CITSU), del empresario minero José Cerrillo Chowell, para obtener los permisos federales ante la Secretaría de Medio Ambiente y recursos Naturales (Semarnat) para operar el tiradero industrial en el rancho de su propiedad, en más de 13 mil hectáreas de extensión entre San Luis Potosí y Zacatecas. Acompañados por los abogados Ricardo Sánchez, del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz, y Daniel Jacobo, investigador de El Colegio de San Luis, los regidores acudieron ante el procurador Federico Garza Herrera, pero éste no los atendió y fueron recibidos por el subprocurador de Averiguaciones Previas Luis Raúl Gerardo Flores Olguín. Los abogados explicaron al funcionario que ante el desconocimiento de las firmas (que apenas son parecidas a las de los exregidores) se podría estar incurriendo en cuatro delitos: falsificación de documentos, uso indebido de documentos, usurpación de funciones y fraude, por parte de quienes elaboraron el acta y la utilizaron para diversos propósitos, entre ellos la obtención del permiso para el confinamiento en Palula, por lo que pidieron a la PGJE investigar el caso como un asunto relevante. El subprocurador se negó a recibirles la denuncia con el argumento de que en un par de días entrará en vigor el nuevo sistema de justicia penal, por lo que les sugirió esperar, “porque no sabía cómo manejar este asunto”. En entrevista telefónica con Apro, los exregidores Rosa María Betancourt, Isidro Quiroz (del PT), María Elena Hernández Martínez y Juan Manuel Dávila (del PAN) señalaron que en la administración 2009-2012, cuando fungieron como integrantes del Ayuntamiento, nunca fueron consultados ni se planteó dentro del órgano colegiado el trámite del permiso para la instalación del confinamiento industrial. Los exfuncionarios se enteraron hace apenas unos meses que sus firmas aparecían en el acta 60/2012 de una supuesta sesión extraordinaria del Cabildo con fecha 30 de marzo de 2012 (la que según ellos, ni siquiera se realizó), cuando integrantes del Comité por la Defensa de la Vida, en Santo Domingo y municipios circunvecinos, marcharon a la presidencia municipal y ahí les mostraron el acta “y vimos que ahí aparecía como si hubiéramos firmado, pero nosotros no fuimos”. Rosa María Betancourt asegura que no tenía idea de qué se trataba lo del confinamiento. “Nunca se nos notificó nada”, apuntó. “Las firmas son parecidas, pero ni son iguales a las de nosotros”, señaló por su parte María Elena Hernández. “Allá (en Santo Domingo) ya nos traen porque se nos culpa; queremos que se aclare”, subrayó. A su vez, Isidro Quiroz señaló que además de estar en contra del tiradero de desechos industriales, “estamos dando la cara” y por ello, dijo, decidieron interponer la denuncia ante la PGJE. Los asesores Ricardo Sánchez y Daniel Jacobo resaltaron que dicha denuncia confirmaría la falsificación de los permisos de cambio de uso de suelo por parte del gobierno municipal, además de que se han encontrado indicios de que se pretendió elaborar documentos para demostrar un supuesto trámite previo por parte de la empresa CITSU ante el municipio de Santo Domingo. “La empresa –como se ha manifestado también en los juicios de amparo iniciados y en proceso ante la justicia federal– está utilizando documentos apócrifos”, reiteró el abogado Ricardo Sánchez. Por ello, anunció, el próximo lunes 13 acudirán de nueva cuenta a la PGJE para interponer la denuncia. Édgar Coronado Luna, ejidatario de La Victoria (comunidad colindante con Palula y que comparte una cuenta hidrológica con el rancho), dijo a Apro entre la población ha crecido la inconformidad y la preocupación por la operación del confinamiento, a medida que se enteran de los riesgos que implica para su salud y sus actividades. “Hay un gran descontento social de ejidatarios, amas de casa, ganaderos. Tenemos el apoyo de la Diócesis de Matehuala y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, las legales, con la ayuda de los asesores”, apuntó. El tema, concluyó, ha sido minimizado por el gobierno estatal.

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