XALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Javier Duarte y el excandidato del PRI a la gubernatura de Veracruz, Héctor Yunes Landa, volvieron a confrontarse en redes sociales, esta vez no sólo por los señalamientos de corrupción y desvío de recursos, sino también por la derrota electoral del pasado 5 de junio. Ayer, el senador con licencia dio una rueda de prensa para exigir a su compañero de partido que “por decoro y vergüenza” renuncie a la gubernatura o pida licencia para que pueda rendir cuentas ante la Procuraduría General de la República (PGR). Luego escribió en su cuenta de Twitter: “Lamento mucho que un militante de mi partido, @Javier_Duarte, haya encabezado quizá la peor gestión que se recuerde en #Veracruz”. Esta mañana Duarte le contestó por la misma vía: “Héctor: Yo gané contra el mismo adversario, en tu campaña respeté tu estrategia, no esperes un resultado distinto si sigues haciendo lo mismo”. La hija de Yunes Landa, de nombre Andrea, fue la encargada de responder a dichos señalamientos: “No, Duarte, no ganaste tú en el 2010, ganó el PRI, pero en está ocasión, perdimos por ti (sic). Fue un voto de castigo contra ti, recuérdalo”. A través de Alberto Silva, diputado federal con licencia y actual vocero de Duarte, ayer por a noche un grupo de legisladores federales oriundos de Veracruz emitió una carta para “cerrar filas” y mostrar “su respaldo” al mandatario priista, a quien restan 138 días para concluir su mandato. No obstante, a nivel local los legisladores de su partido siguen dándole la espalda en las iniciativas que ha enviado al Congreso. Hoy, en sesión legislativa, el priista Ciro Félix Porras pidió a la Mesa Directiva del Congreso local retirar de la orden del día una iniciativa con proyecto de ley para “basificar” a más de 24 mil trabajadores de confianza del gobierno estatal, amparados en una figura denominada “Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada del Estado de Veracruz”. La solicitud de Félix Porras de no votar esa iniciativa ocasionó el aplauso de algunos de los diputados locales del PRI y de la fracción parlamentaria del PAN y el PRD. Por su parte, el legislador Julen Rementería del Puerto presentó un anteproyecto con punto de acuerdo para que comparezca el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), a fin de que explique las supuestas irregularidades en el monto de recaudación del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). “Hay una diferencia entre lo que el Orfis detecta y lo que el Informe de la Sefiplan presenta, pues hay más de 6 mil millones de pesos que no han sido depositados. Para esto únicamente existe el sustento del artículo 188 del Código Financiero que faculta al Ejecutivo a disponer de los fondos, así como su registro y que sean manejados de manera temporal y centralizados por la secretaría”. Rementería aseguró que hay una miopía política y financiera por parte del Orfis, en incluso ironizó que podría pasar un elefante frente al inmueble de fiscalización y sus auditores serían capaz de no verlo. “El Congreso de Veracruz le aprobó al Ejecutivo estatal en 2011 la contratación de endeudamiento para pagar obras y servicios públicos por un monto de 17 mil 400 millones de pesos, dejando comprometidos porcentajes de las participaciones federales que corresponden al Estado. Por lo tanto, es presumible que estas deudas ya han sido liquidadas. Las finanzas de Veracruz están colapsando y es necesario aclarar en dónde están los recursos de este impuesto antes de comprometerlo para el pago de pasivos”, indicó Rementería del Puerto. A este anteproyecto –turnado a la Junta de Coordinación Política para su estudio– se sumaron los diputados perredistas Jesús Alberto Velázquez Flores y Ana María Condado Escamilla, así como el legislador del Partido del Trabajo (PT) Eladio del Ángel Zumaya. En una maratónica sesión legislativa, el Congreso local también acordó dejar sin efecto la convocatoria para la designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción,  aprobada por el Pleno legislativo el pasado jueves 7, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de las reformas avaladas en materia de anticorrupción. Finalmente la secretaria de la Mesa Directiva, Ana Cristina Ledezma López, dio lectura al punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a este asunto, en el que expone que legisladores integrantes de la Comisión de Procuración de Justicia, presidida por la diputada Marcela Aguilera Landeta, presentan las razones que los motivan a solicitar dejar sin efecto la citada convocatoria.