XALAPA, Ver. (apro).- Diputados opositores al gobierno de Javier Duarte tomaron este mediodía la tribuna del Congreso local para impedir la aprobación de reformas que permiten la basificación de 14 mil empleados de confianza, cientos de ellos afines al mandatario priista. Incluso, las legisladores panistas Ana Cristina Ledezma y María del Carmen Pontón se encadenaron en la tribuna para impedir la sesión, a la par que sus similares de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano colocaron una enorme manta con la leyenda: “Diputado, Veracruz es tu jefe, NO Duarte”. Decididos a cumplir con el orden del día, los priistas –apoyados por personal de seguridad del Congreso– instalaron una mesa directiva alterna echando mano de una vieja mesa barnizada, pero con polilla, movieron de su lugar la Constitución de Veracruz e iniciaron la sesión en el pasillo, ante los gritos de aprobación de medio millar de servidores públicos que llegaron al gobierno con Duarte y funcionarios afines a él. Al final, con 29 votos a favor, tres abstenciones y uno en contra, los del PRI lograron aprobar por mayoría reformas a las leyes estatal del Servicio Civil y la del Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada, cambios que según Duarte servirán para brindar a los burócratas la estabilidad en el empleo y los beneficios que conllevan las prestaciones de seguridad social. La molestia de los nueve diputados del PAN y otros de oposición fue tanta que ni siquiera alcanzaron a emitir su sufragio en contra en el tablero electrónico. Sesión atropellada que comenzó desde las siete de la mañana, cuando choferes, empleados de mantenimiento, auxiliares administrativos, operadores políticos, maestros, “aviadores” y funcionarios que llegaron a trabajar apenas en el sexenio de Duarte ocuparon el pleno, la explanada del Congreso y hasta los alrededores del inmueble parlamentario. Los acarreados colocaron lonas y mantas de reproches a la oposición: “Somos trabajadores, no ladrones”, “Base para tantos años trabajados”, “Nosotros trabajamos, no levantamos el dedo”, entre otros. Apenas salieron los diputados del PAN a encadenarse cuando comenzaron los momentos de tensión: “Son tan perras que solitas se encadenan”, “Diputados tranzas, quiero mi base”, “Yo soy tu jefe, yo soy tu jefe”, eran las arengas de los empleados del gobierno de Duarte para aderezar una sesión que en diversas ocasiones vulneró el reglamento interno del Poder Legislativo. En una improvisada tribuna, el legislador priista Ricardo Ahued explicó a la concurrencia por qué voto en contra de la basificación masiva de empleados, cuando la situación financiera de Veracruz ni siquiera da para pagar con puntualidad a miles de jubilados y pensionados –cientos de ellos del magisterio–, quienes acceden a sus recursos siempre con retraso. “Yo doy la cara como diputado, no corro como otros, yo saldré de aquí respetando y viendo de frente al pueblo”, expuso Ahued para recriminar lo aprobado por sus compañeros de partido. La adecuación laboral y la llamada masificación masiva permitirán –dice la iniciativa enviada por Duarte– la seguridad y la estabilidad en el empleo de naturaleza burocrática. La Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales –instancia dictaminadora-- consideró viable esta modificación porque está sustentada en opiniones y un dictamen técnico de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan). Esta medida formalizará la situación laboral de los trabajadores al servicio del estado como un principio fundamental de justicia social y de respeto a los derechos humanos de quienes desempeñan un empleo, cargo o comisión en la administración pública estatal, refiere el documento. La reforma indica que son trabajadores de confianza los que integran la planta de la oficina del gobernador, así como aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa de los titulares de los poderes del estado, desde el nivel de director o equivalente hasta el cargo o empleo de mayor jerarquía. De igual manera los que realicen funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, auditoría, planeación, supervisión, control directo de adquisiciones, responsables de los almacenes e inventarios, investigación científica, asesoría o consultoría, desde el nivel de director o equivalente hasta el cargo o empleo de mayor jerarquía. También los agentes y secretarios de la Fiscalía General, de la policía ministerial y los miembros de la policía estatal que con ese carácter consignen sus respectivas leyes orgánicas o especiales. En el Legislativo y en el Poder Judicial, los de todas las categorías y cargos que con clasificación de confianza y que consignen sus respectivas leyes orgánicas o especiales, y el catálogo de empleos respectivos. Ante las especificaciones de la Gaceta Legislativa, en palacio de gobierno algunos empleados disidentes del gobierno de Duarte se mofaban de los empleados menores que fueron a hacer escándalo al Congreso: “Pobres Godínez, no ven que la iniciativa sólo basificará a los recomendados de Duarte”. En la Gaceta Legislativa y en el anteproyecto del punto de acuerdo quedó incierto el número total de empleados que quedará basificado, pues mientras el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, recriminó que serían más de 24 mil empleados, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Juan Nicolás Callejas, aseguró que no serían más de 7 mil, mientras que diputados de oposición estimaron que sumaban cinco mil. En tanto en Palacio de Gobierno ya hay quejas de que en varias secretarías de despacho las basificaciones ya están siendo “cobradas” por subsecretarios y mandos medios, y otra queja recurrente es que las basificaciones están siendo mediante una “selección preferencial” de los secretarios de despacho, tomando en consideración la lealtad al PRI, el trabajo político en la campaña de Duarte o el servicio prestado en los comicios electorales locales y federales de los últimos seis años. El dictamen remarca que para el personal de confianza de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de Salud (SS) y de Educación (SEV), sus respectivos comités determinarán los puestos que deban pertenecer al Servicio Público de Carrera. Para hacer viable esta propuesta fueron derogadas de la Ley Número 584 del Servicio Público de Carrera en la Administración Pública Centralizada las fracciones III, IV y V, que aluden a los subdirectores de área, jefe de departamento y jefe de oficina.