CIUDAD DE MÉXICO, (apro).- El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, estuvo ayer en la Procuraduría General de la República (PGR), pero no para responder a las acusaciones que se le imputan sobre presuntos actos de corrupción, sino para dejar en claro que estás en la mejor disposición de proceder a la abrogación o derogación en su caso de la ley anticorrupción aprobada que el Congreso local. Según el comunicado difundido por la PGR, Borge planteó a la titular de la dependencia, Arely Gómez, su intención de establecer en aquella entidad, un sistema legal de combate a la corrupción en completa armonía con la Constitución federal y las leyes generales en la materia, una vez que éstas últimas sean promulgadas. Esto en respuesta a la acción de inconstitucionalidad promovida en días pasados por la PGR ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la reunión de trabajo participaron los Subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales, Salvador Sandoval Silva, y de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, Gilberto Higuera Bernal, así como el Consejero Jurídico del gobierno de Quintana Roo, Raúl Labastida Mendoza. Borge Angulo es, junto con César Duarte Jáquez y Javier Duarte de Ochoa, uno de los tres mandatarios estatales que enfrentan graves acusaciones de corrupción y de blindarse legalmente antes de dejar el cargo para evitar una posible acción legal en su contra por parte de sus respectivos sucesores.