Astudillo será juez y parte en combate a la corrupción en Guerrero

miércoles, 20 de julio de 2016
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- A pesar de los excesos, nepotismo y opacidad que han caracterizado su administración, el gobernador Héctor Astudillo instaló esta mañana en el puerto de Acapulco, el comité del programa estatal de ética, transparencia y combate a la corrupción. El comité lo encabeza el propio mandatario, así como el secretario de Gobierno Florencio Salazar y cuatro funcionarios más, quienes serán juez y parte en el esquema que pretenden implementar para “terminar con las prácticas deshonestas” al interior de la administración pública. En el acto realizado en el consorcio hotelero del Grupo Autofin, ubicado en la exclusiva Zona Diamante del puerto, el mandatario dijo que de esta forma espera que Guerrero sea la primera entidad en impulsar “gobiernos íntegros y que promuevan la honestidad”, indicó. Astudillo dijo que la corrupción se ha convertido en el principal problema del país México y representa un lastre que impide el funcionamiento adecuado de la estructura social. También recordó que Guerrero a nivel nacional tiene el mayor índice de atraso en cuestión de transparencia y señalamientos de actos de corrupción en la administración pública. Por ello, se comprometió a ejecutar programas para promover la transparencia en todos los niveles del gobierno, con el propósito de regresar la integridad y la ética, sostuvo, a pesar de que es una obligación legal de los servidores públicos. Luego consideró necesario armonizar el marco jurídico local a la ley secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, promulgada recientemente por el presidente Enrique Peña, y exhortó al Congreso local a iniciar la discusión de lo que será el Sistema Estatal Anticorrupción. Astudillo anunció la creación de un programa para reordenar las finanzas públicas a través de la bancarización de todas las operaciones de la administración, así como transparentar los procedimientos de adjudicación de obras públicas y adquisición de bienes y servicios. También depurar y publicar padrones de beneficiarios de programas sociales y cumplir con la ley general de transparencia que obliga a los sujetos obligados a difundir información pública de oficio. Este hecho ocurre luego de que la administración de Astudillo ha sido exhibida públicamente por sus constantes excesos y los señalamientos de nepotismo y presuntos actos de corrupción. Estela de nepotismo y excesos con Astudillo En febrero pasado, Apro dio a conocer que a pesar de la pobreza, marginación, inseguridad y violencia que azota a la entidad, aunado a la grave crisis financiera en la administración central, el gobernador Astudillo andaba presumiendo en actos públicos un reloj de la exclusiva marca suiza Omega, con un valor comercial de aproximadamente 88 mil pesos. En junio también esta agencia dio a conocer que el mandatario, su familia y decenas de colaboradores utilizaron aeronaves y vehículos oficiales para viajar al estado de Oaxaca con el propósito de asistir a la boda del secretario de Obra Pública de Guerrero, Rafael Navarrete Quezada, personaje señalado por presuntos actos de corrupción. Astudillo y miembros de su gabinete abandonaron la entidad sumida en la crisis de impunidad, inseguridad y violencia para divertirse en un festejo particular en el estado de Oaxaca, donde el conflicto político social generado por la reforma educativa se agudizó en los últimos días. El pasado 11 de marzo, Apro dio a conocer que, a finales de noviembre anterior, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió un informe en el que advierte de “un probable daño” al erario por 19 millones 802 mil pesos ejercidos durante 2014, último año de gestión del gobernador Ángel Aguirre Rivero, y 2015, en que gobernaron el mandatario interino Rogelio Ortega y, a partir de octubre, el priista Héctor Astudillo. Esos casi 20 millones provinieron del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) destinado a las entidades federativas. La revisión detectó la adjudicación directa de contratos millonarios a empresas, la compra irregular de armamento que involucra al Ejército, así como la adquisición de un sistema de espionaje telefónico para la Fiscalía General del Estado (FGE), entre otras irregularidades. En tanto, en junio la zona conurbada del puerto de Acapulco fue tapizada con mantas donde acusan al diputado federal priista Ricardo Taja Ramírez de presuntos actos de corrupción, mismos en los que involucran a los hijos del gobernador Héctor Astudillo Flores y su secretario privado Pedro Ocampo Solís. A principios de julio, esta agencia publicó una nota titulada Red de complicidades y nepotismo corrompen la justicia en Guerrero, donde se señala que a pesar de la gravedad, la práctica de beneficiar a amigos y familiares con cargos públicos persiste en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, donde los hijos de sus compadres, entre ellos el actual senador priista René Juárez Cisneros y Manuel Añorve Baños, ostentan puestos en su administración. Incluso, en el Tribunal Superior de Justicia que administra el notario 19 de Acapulco, Robespierre Robles Hurtado –señalado públicamente por presuntos nexos con el narco–, el nepotismo se ha convertido en práctica común de los magistrados para emplear a sus familiares, sobre todo ahora que se abrieron plazas para el nuevo sistema penal. A pesar de que trabajadores del TSJ han denunciado públicamente el nepotismo y la corrupción que imperan, incluso hasta impulsaron un paro de labores el año pasado para exigir respeto a la carrera judicial y mejoras salariales, la red familiar y de complicidades tejidas por los encargados de impartir justicia en la entidad sigue intacta en el contexto del nuevo sistema de justicia penal. Y apenas este jueves 14 el gobernador Astudillo Flores y Federico Figueroa, empresario vinculado con el narco, presentaron un libro biográfico sobre el hermano de este último, el fallecido cantautor Joan Sebastian, titulado: Lanzando un sueño; retrato íntimo. El evento realizado en la ciudad platera de Taxco fue encabezado por el mandatario y colaboradores del área turística, así como por el empresario Federico Figueroa, quien es investigado desde 2014 por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Incluso, de acuerdo con reportes oficiales de la FGE, Federico Figueroa es considerado como uno de los líderes de la estructura del grupo criminal Guerreros Unidos, responsable de la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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