Prevén repunte de narcoviolencia en Guerrero

miércoles, 20 de julio de 2016 · 21:12
CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Xavier Olea Peláez advirtió que para el próximo fin de semana las autoridades esperan un recrudecimiento de la ola violencia que no cesa en el puerto de Acapulco. Ello debido a que el domingo 24, dijo, vence el plazo legal para que el juez de primera instancia determine la situación legal de David Canek Palma Analco, El Deivid, presunto líder de una facción de la pandilla denominada Cártel Independiente de Acapulco (CIDA). Entrevistado en el puerto de Acapulco, donde se realizó una reunión del gabinete federal de seguridad, el fiscal dijo que en caso de que el juez dicte auto de formal prisión, es inminente un reacomodo violento y se podrían desatar enfrentamientos entre grupos delincuenciales desde la zona exclusiva de Punta Diamante hasta los poblados del municipio de Marquelia, región de la Costa Chica. Esta franja costera es la zona donde el grupo de El Deivid controla el trasiego y venta de narcóticos principalmente cocaína y mariguana, indicó Olea Peláez. El fiscal señaló que también investigan el caso del atentado armado contra la notaría del presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, registrado el lunes pasado. Los agresores dejaron en el lugar un narcomensaje donde acusan al fiscal Olea, así como al gobernador Héctor Astudillo y Robles Hurtado, de recibir dinero y no cumplir con el acuerdo de liberar a El Deivid. Al respecto, rechazó tener nexos con grupos delincuenciales y dijo desconocer al empresario porteño Joaquín Alonso Piedra, señalado públicamente como presunto lavador de activos de la estructura del cártel de los Beltrán Leyva, que sigue operando en el principal destino turístico de la entidad. Por su parte, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong anunció una inversión federal de 200 millones para equipar a la Policía Preventiva Estatal (PPE). Sin especificar el número de agentes estatales certificados, dijo que al menos un 40 por ciento de los elementos de la corporación tiene una edad avanzada, y “otro tanto” realiza funciones de escoltas de políticos y empresarios por medidas cautelares. Luego, celebró las cifras de ocupación hotelera durante esta temporada vacacional en los principales destinos turísticos de la entidad, y reiteró que “no hay varitas mágicas” para resolver el grave problema de seguridad que se vive en la entidad. Osorio nuevamente responsabilizó a las administraciones estatales pasadas al argumentar que la crisis de violencia se debe a que, por muchos años, las autoridades locales no hicieron lo que les correspondía. También presumió la captura de 10 presuntos criminales que forman parte de los 20 delincuentes considerados como objetivos prioritarios en la entidad. Osorio Chong destacó que en los últimos días detuvieron a Edilberto Bravo Barragán El Gavilán y David Palma Analco El Deivid, pero destacó el hecho de que los jueces federales no aceptaron su competencia para procesar a los inculpados por delitos del orden federal. Por ello, la Fiscalía local y jueces de primera instancia asumieron la responsabilidad de fincar la responsabilidad penal que les imputan a los inculpados. En este sentido, Osorio dio un espaldarazo al gobernador Héctor Astudillo, al fiscal Olea y al presidente del TSJ, Robespierre Robles, quienes fueron acusados públicamente de presuntos nexos con la delincuencia. Al respecto, calificó las acusaciones contra los funcionarios estatales como una forma de pretender “dañar” a las autoridades. “Si hubiera algún acuerdo no estarían detenidos, si hubiera habido algún acuerdo y ante el rechazo de la competencia de dos jueces, tal vez la autoridad local se hubiera volteado si hubiera acuerdo, y por supuesto estarían libres estos delincuentes”, expresó Osorio. El funcionario señaló que la mejor prueba de “honestidad y buen desempeño” de las autoridades es el hecho de que están haciendo todo para detener y probar las imputaciones contra los presuntos criminales. Las protestas del magisterio En el tema de las protestas del magisterio disidente contra la reforma educativa, advirtió que no van a permitir el cierre de vías federales en Guerrero porque este hecho afecta directamente a los paseantes y prestadores de servicios turísticos. Luego señaló que las marchas de los docentes que se oponen a la reforma no pueden abrogar ni modificar la ley, porque “no se trata de un asunto de voluntades”. Osorio remató diciendo que el gobierno federal ha mostrado voluntad para seguir dialogando con los líderes del magisterio disidente y tratar de resolver el conflicto “sin violentar la ley, sin dañar el proceso de la reforma educativa”, indicó.  

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