Eligen al empresario Armando Guadiana promotor de programas de Morena en Coahuila

lunes, 25 de julio de 2016 · 13:58
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El empresario Armando Guadiana Tijerina fue elegido “promotor de la ciudadanía nacional, programas y acciones de Morena” con miras a los comicios de 2017 en Coahuila. En la sesión del Consejo Estatal de Morena realizada ayer en Saltillo, en la que participaron alrededor de mil 300 militantes, más del 50% se pronunció a favor de Guadiana, por encima de su contrincante Javier Plata Villarreal, con lo que el empresario sería el virtual abanderado de ese partido a la gubernatura. César Cravioto, coordinador del CEN de Morena, y Miroslava Sánchez Galván, presidenta estatal, destacaron que antes de elegir al promotor de los programas y acciones del partido en el estado, se convocó a los militantes y simpatizantes en Coahuila para que participaran en la encuesta que finalmente dio el triunfo a Guadiana para que ocupe el cargo y comience a trabajar para fortalecer al Movimiento Regeneración Nacional. De acuerdo con información difundida por el diario Vanguardia, se aclaró que Morena aún no puede comenzar a manejar quién será su candidato a la gubernatura de Coahuila, porque sería sancionado por las autoridades electorales. Además, se espera que en el transcurso de estos días el Congreso local dictamine sobre las reformas a la Ley Electoral de Coahuila, cuyos resultados se turnarán al Instituto Electoral del estado, que posteriormente dará a conocer la convocatoria para las elecciones de gobernador del estado, diputados locales y alcaldes para 2017. En días pasados Armando Guadiana Tijerina, quien demandó al gobierno de Coahuila ante la Corte Penal Internacional de La Haya por delitos de lesa humanidad, se pronunció por resolver el caso de la masacre de más de 300 personas en Allende y en el Penal de Piedras Negras, ocurrida en marzo de 2011. “No queremos que quede impune” ese hecho, señaló, luego de destacar que con la muerte de esas personas no se tuvo la misma reacción que con los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. "¿Qué quiere decir? Que hay un encubrimiento", subrayó el empresario en aquella ocasión. Destacó que el Penal de Piedras Negras está a cargo del gobierno del estado, y al parecer, dijo, "hay funcionarios que fueron complacientes para la realización de esto (la masacre) ", pues a la cárcel sólo deben ingresar personas con una orden expedida por un juez. Según el aspirante a la gubernatura, él y su apoderado legal, Reyes Flores Hurtado, optaron por ir a la Corte Internacional de La Haya porque ni el estado de Coahuila ni la Federación han actuado para esclarecer el tema. "La gente que está detenida, está detenida en el extranjero", y sólo se trata de los "ejecutores", pero de "la función pública están implicados algunos, o bien fueron realmente complacientes con los trabajos del Penal de Piedras Negras", apuntó. En el documento entregado ante el fiscal la Corte Penal de la Haya, el pasado miércoles 13, Guadiana expone “la falta de acciones por parte del gobierno coahuilense para evitar los daños ocasionados a la población del municipio de Allende, Coahuila”. Asimismo, señala “las detenciones ilegales, desaparición forzada, tortura y homicidios cometidos a plena luz del día; esto aunado a que parte de las víctimas, según lo han reconocido las autoridades, fueron ingresadas ilegalmente al penal de Piedras Negras, donde fueron torturados y asesinados”. Explica además que “en la masacre de Allende perdieron la vida mujeres, ancianos y jóvenes, y no se ha dicho cuántos niños murieron en este hecho tan lamentable, que marcó la vida de los coahuilenses. No se puede dejar pasar por alto que las autoridades se quieran lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado quien actuó solo en perjuicio de las víctimas”. Añade: “Es relevante destacar que en el penal de Piedras Negras, donde coahuilenses fueron privados ilegalmente de su libertad, torturados y asesinados, es de control y operación estatal; es imposible pensar que un civil sin autorización judicial fuera ingresado a dicho centro penitenciario”.

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