Provoca disturbios en Topo Chico traslado de internos

martes, 26 de julio de 2016
MONTERREY, NL (apro).- El presunto traslado de internos entre ambulatorios provocó la noche del lunes un motín en el interior del Penal del Topo Chico, donde fueron incendiados colchones y muebles, sin que se reportaran muertos, heridos o fugados, informó Antonio Caballero Delgadillo, comisario de la Agencia de Administración Penitenciaria de Nuevo León. Las llamas, que fueron detectadas desde el exterior, hicieron temer el resurgimiento de violencia, como ocurrió en los incidentes del 10 de febrero, donde fueron masacrados 49 internos, y del 1 de julio, perecieron asesinados con puntillas otros 3. El funcionario señaló que la acción de los reclusos, ocurrida a las 23:00 horas, fue en respuesta al reacomodo de unos 10 reclusos que al interior fueron cambiados de espacios carcelarios, conocidos como ambulatorios, del área de Ampliación a la de Rondines. Ninguno de ellos es líder de un grupo criminal, dijo Caballero, pues en el Penal de Topo Chico no existen jerarquías, ya que el gobierno del estado es el único que mantiene el control y ejerce la autoridad. Explicó que los presos supusieron que serían enviados a otros penales del estado e incluso de otras entidades de la República, lo que ocasionó que un grupo de “tres o cuatro de ellos” generara muestras de inconformidad, como el incendio de objetos en los patios. Sobre las versiones de que hubo varias riñas, el funcionario descartó la versión. “Quiero recalcar que no hay ningún herido, ningún motín, ningún traslado a ningún centro penitenciario de la localidad y mucho menos de la Federación, hasta el momento (…). No hubo motín. Eso es completamente diferente a un disturbio o a una riña”, señaló el jefe penitenciario, quien en la madrugada atendía a familiares que acudieron al centro de readaptación social para conocer la situación del interior. Los movimientos entre ambulatorios forman parte del plan de orden y seguridad interna que adopta el sistema penitenciario estatal, luego de los recientes hechos de sangre ocurridos este año, en la más antigua de las tres penitenciarías que hay en la entidad, todas administradas por el gobierno estatal. Caballero descartó que hubiera balazos, como reportaron personas que escucharon detonaciones al interior, y señaló que esos sonidos fueron provocados por “vidrios o plásticos” que se rompieron a causa del fuego. Agregó que fueron los mismos causantes de los desmanes los que sofocaron las llamas cuando fueron convencidos de que no habría reubicaciones, como lo supusieron al iniciar el disturbio. Durante la madrugada, el personal de Administración Penitenciaria de Nuevo León atendía a los visitantes por la zona sur para explicar individualmente el estado de salud de sus familiares. Además, organizaron ingresos en grupos de 20 para saludar personalmente a los reclusos. La autoridad analiza las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia del interior para detectar los causantes de la contingencia y aplicar las respectivas sanciones. En junio pasado, tras los incidentes del 10 de febrero, donde fueron masacrados 49 internos, y del 1 de julio, cuando perecieron asesinados con puntillas otros tres, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) consideró que el penal del Topo Chico debe ser cerrado o su sistemas de vigilancia reestructurados. Al presentar un informe especial sobre el centro penitenciario, que tiene 70 años de antigüedad, la titular del organismo, Sofía Velasco Becerra, funcionaria exhortó al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón a considerar la clausura de las instalaciones o conseguir que se hagan efectivos la garantía de vida y la reinserción de los internos, mediante la transformación de los protocolos y la capacitación de personal. Velasco pidió ponderar la necesidad de construir un nuevo centro penitenciario, para desfogar la población de más de 3 mil 500 internos del Topo Chico, de los cuáles unos 400 corresponde a la sección femenil. El informe que presentó establece que las deplorables condiciones en las que se encuentra el reclusorio de la colonia Nuevo Morelos, en esta capital, impiden al Estado garantizar el derecho a la vida y a la salud, trato digno, reinserción y acceso a actividades formativas, de los que deben gozar los reclusos. El personal de custodia es insuficiente, así como la falta de control para la separación de la población penitenciaria, señaló. “En las visitas constantes de la CEDH se ha confirmado el hacinamiento, se han detectado deficiencias estructurales y funcionales en el sitio, en las reglas de operación del mismo, y las múltiples carencias de recursos físicos, económicos y de personal para la atención a necesidades de la población, especialmente las personas internas con algún tipo de enfermedad y a las mujeres”, señaló.

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