CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Susana Fuentes Rodríguez, síndica del municipio de Amacuzac, Morelos, denunció violencia política en su contra por parte del alcalde, Jorge Miranda Abarca. El pasado 7 de junio la síndica presentó ante el Tribunal Electoral del estado (TEEM) un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, porque desde abril pasado el alcalde ordenó a la Tesorería y a la Contraloría del municipio que no le pagaran su salario. En entrevista, Fuentes Rodríguez dijo que espera que el caso –registrado en el expediente TEE/JDC/49/2016– se resuelva a la brevedad, pues desde la semana pasada hizo pública la denuncia, pero hasta ahora no ha recibido apoyo del Revolucionario Institucional (PRI), partido que la abanderó para llegar al cargo. Como candidata de esa fuerza política, en 2015 Fuentes Rodríguez ganó la sindicatura de Amacuzac, y junto con ella fueron electos el alcalde Jorge Miranda Abarca y los regidores Juan Carlos Millán Hernández, Carolina Bahena Castillo y Reyna Flores Solano. La síndica y Miranda Abarca no tenían una relación laboral, sin embargo, previo a los comicios él la buscó para que fuera su compañera de planilla y así cumplir con la paridad de género en candidaturas edilicias, como lo marca la ley electoral estatal. Una vez ganada la elección comenzó el hostigamiento contra ella y la regidora Bahena Castillo. El primer episodio, recuerda la síndica, fue en enero pasado, cuando Miranda la llamó para nombrar al personal administrativo. En esa ocasión llegaron todos los involucrados, pero a ella le dijeron que debía esperar afuera mientras el resto de hombres se reunían en una sala. Media hora después la funcionaria preguntó si sería requerida, y la secretaría le dijo que debía esperar. Esperó aproximadamente media hora más, hasta que el alcalde salió con su equipo. Fuentes Rodríguez reclamó que la hubieran dejado fuera de la reunión, a lo que aquel respondió con insultos e incluso estuvo a punto de golpearla, pero sus compañeros lo detuvieron. En otro momento, agrega, le pidieron que firmara un proyecto sobre un crédito, pero ella quiso saber de qué se trataba, lo que provocó el enojo del alcalde, y desde entonces no le piden que firmen documentos porque su rúbrica no es necesaria. Una de las primeras represalias contra la síndica fue quitarle al personal que trabajaba en su oficina (una secretaria y su asesor), y desde abril le retuvieron el sueldo. “Hemos sufrido de discriminación, amenazas de quitarnos el cargo. Él (el alcalde) me ha quitado de todas mis funciones. Les ha dado órdenes a los directores de que no me entreguen la información cuando se las requiero por oficio”, denunció. Además, apunta, no puede participar en las reuniones de trabajo. “No me entregan ninguna información financiera, no participamos de ningún cabildo, no sé qué acuerdos estén tomando, no sé qué tanto se esté afectando al municipio, obra no tenemos. Nuestro sueldo del mes de enero nos lo retiró”. Precisa que la primera vez que le retuvieron el sueldo, Miranda Abarca le dijo que no iba a pagarle el mes de enero porque los recursos se iban a utilizar en la compra de vehículos para recoger la basura del municipio, pero eso nunca se hizo. La síndica también denunció que hay maltrato hacia los trabajadores, quienes deben presentarse a laborar los sábados, y hasta violencia sexual por parte de funcionarios cercanos al alcalde contra trabajadoras del municipio. Y las amenazas han subido de tono: “Nos amenazó, que le fuéramos bajando porque mujeres como nosotras muchas veces no llegábamos al camino final y podíamos aparecer hechas cachitos en bolsas negras”. La regidora Carolina Bahena Castillo asegura que a ella tampoco se le considera para tomar decisiones que afectan al municipio, a pesar de que ostenta un cargo de autoridad como regidora de Asuntos de la Juventud. “No existe ni siquiera una justificación para suspender el sueldo. Me quitó trabajadores que estaban en mi área. El chofer asignado para los eventos que he tratado de sacar me pone mil y un obstáculos, no cuento con su apoyo”. En opinión de la regidora, tanto ella como la síndica son discriminadas por ser mujeres, además de que el alcalde no quiere que cuestionen sus decisiones. Él sólo las apoyó como candidatas en su planilla para cumplir con la paridad de género, puntualiza. La violencia política de género en Morelos cobró relevancia desde el pasado 2 de enero, cuando la alcaldesa electa en el municipio de Temixco, Gisela Mota Ocampo, fue asesinada justo un día después de tomar posesión del cargo.