CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El vocero en temas de seguridad del gobierno estatal, Roberto Álvarez Heredia, responsabilizó al magisterio disidente del repunte de la ola de violencia que no cesa en la entidad. El funcionario afirmó que el movimiento de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) contra la reforma educativa “ocupa y distrae” la atención de las corporaciones policiacas federal y estatal en la entidad. Incluso, dijo que al menos mil 500 policías federales que realizaban labores de seguridad en Guerrero fueron desplazados al vecino estado de Oaxaca para confrontar la protestas magisteriales y sociales. Esta situación “ha traído como consecuencia” un incremento en la actividad de los grupos criminales que mantienen una brutal confrontación por el control de las principales plazas del narcotráfico, expresó el funcionario estatal. Lo anterior luego de que este fin de semana el gobernador priista Héctor Astudillo Flores sostuviera públicamente que las protestas de los profesores que se oponen a la reforma dañan más la imagen turística del puerto de Acapulco y la entidad que la narcoviolencia. En conferencia realizada esta tarde en la sede del Ejecutivo, al sur de esta capital, Álvarez Heredia aseguró que el mayor problema de las autoridades es la violencia provocada por las bandas delincuenciales, las cuales mantienen una guerra por el reacomodo de las estructuras y la disputa por el control del territorio. “El mayor enemigo de Guerrero no son los maestros, pues el conflicto magisterial es una coyuntura que debe terminar lo más pronto posible porque los verdaderos enemigos son quienes alteran la paz y cometen delito”, expresó el vocero. No obstante, en su discurso dijo que las protestas del magisterio disidente distraen la atención a los problemas de seguridad, debido a que las corporaciones policiacas federal y estatal tienen que enfocarse en las manifestaciones sociales. Incluso, responsabilizó al magisterio de la incapacidad del gobierno estatal para revertir los efectos de la narcoviolencia en la entidad, al argumentar que los policías federales que permanecían en Guerrero se fueron al estado de Oaxaca para confrontar a los profesores y ciudadanos que se oponen a la reforma impuesta por el gobierno federal. Por ello, lanzó un exhorto a los profesores para que asuman una actitud “consiente y consecuente” para reconocer que el mayor problema de Guerrero “es la delincuencia”. “No existe ningún ánimo de confrontación con los maestros, pero deben estar conscientes de que su propia actuación distrae recursos humanos que deberían ocuparse en alcanzar la seguridad de los guerrerenses”, insistió el vocero. Luego dijo que las autoridades encargadas de la seguridad en la entidad confían en que pronto se desactive el conflicto magisterial para “enfocar los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia”, remató. Ello a pesar de que Proceso ha documentado que los millonarios recursos federales destinado para el combate de la inseguridad y violencia fueron desviados de sus objetivos anticrimen y se han utilizado de manera irregular para beneficiar a empresas, particulares y el propio Ejército.