SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- El gobierno del estado continúa con maniobras para dividir a los representantes que integran el Consejo Consultivo del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado. Además, pretende recurrir a exconsejeros que fueron expulsados para legitimar la consulta del Plan Estatal de Desarrollo a la que está obligado. “Hemos estado observando el lamentable comportamiento de los funcionarios del gobierno del estado y del propio gobernador Juan Manuel Carreras en toda esta violación a los derechos humanos de las comunidades indígenas… le queremos dejar muy claro al gobernador que no le tenemos miedo a nada porque estamos defendiendo el derecho a la participación, a la consulta y a decidir qué queremos y qué no queremos”, señalaron consejeros en rueda de prensa. “Así es el verdadero rostro de un político hipócrita que dice gobernar para todos pero sólo gobierna para los caciques y los ricos ganaderos de la Huasteca, por eso les da los cargos públicos a CDI e Indepi y muchos más”, señalaron. En el pronunciamiento que dio a conocer, el grupo de consejeros respaldó a Narciso Mendoza como presidente de la Comisión de Honor y Justicia y vocero del Consejo, así como las acciones legales que se han emprendido con el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. “Hay personas indígenas que están siendo manipuladas con mentiras, sobornos y promesas del gobierno para que se les dé la espalda a los consejeros que han promovido amparos contra la omisión cobarde de no consultarnos. A esas personas manipuladas no las reconocemos como consejeros porque ya no lo son… no tienen facultad para consultar (y) todo papel que firmen es falso”, señalaron. Para ello, mostraron ejemplares del Periódico Oficial del estado en los que se han notificado las convocatorias extraordinarias para sustituir a consejeros de municipios como Tanlajás y Tanquián que han salido del organismo desde agosto del año pasado, y hoy el gobierno pretende incluirlos para organizar la consulta que omitió efectuar en su momento y por la que recibió un extrañamiento del Conapred. Advirtieron que cualquier acto que realicen los exconsejeros no es válido ni será reconocido, y cuestionaron el desconocimiento del titular del Indepi, al anunciar la realización de 40 asambleas, cuando en la entidad se tiene un padrón de 389 comunidades.  “Quieren engañar a la sociedad y a nuestras comunidades de nuevo”, señalaron. Los consejeros hicieron un reclamo por el olvido de las autoridades. “Hay pobreza extrema, miseria, hambre, desnutrición, enfermedad, muerte de niños y  mujeres, alcoholismo, drogadicción que han metido para ensuciar a nuestros jóvenes; no hay trabajo y el que hay lo pagan muy barato. Nos quieren quitar escuelas, nos quieren borrar de la faz de la tierra para quedarse con la riqueza que hay en nuestros territorios; quieren meter minas, pozos de chapopote, tubos de gas sin importarles la vida de la gente…”. Por ello exigieron que el gobierno estatal consulte directamente a las comunidades, a las cuales no quiere acudir “porque tiene miedo de enfrentar el fracaso de sus política y el resultado de su negligencia y corrupción”. “Es nuestro derecho”, puntualizaron.