CHILPANCINGO, Gro., (apro).- El abogado de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Vidulfo Rosales Sierra, consideró que mientras las autoridades no reconozcan el nivel de colusión de la clase política y empresarios con el crimen organizado, la estrategia de seguridad en la entidad será un fracaso. “Todo el entramado de instituciones está inmersa y la clase empresarial mediante el lavado de dinero, retroalimenta el negocio de las drogas”, expresó el activista. Rosales Sierra reprochó la falta de autocrítica de los funcionarios del gabinete de Seguridad en la entidad porque, dijo, no admiten que las instituciones de gobierno y empresarios son parte de la grave crisis de inseguridad y violencia que se vive en Guerrero debido a que lavan dinero y permiten que la delincuencia controle territorios completos. Consultado al respecto dijo que las autoridades de los tres niveles no le quieren entrar a este debate, simplemente porque “no hay mirada autocrítica en el diagnóstico para diseñar y trazar líneas de estrategias de seguridad, que tome en cuenta que las instituciones son parte de este gran problema que vivimos”. En la edición 2074 de Proceso que circula esta semana se publica el texto titulado Guerrero en llamas y el gobernador sin control donde se da cuenta de los presuntos nexos del gobernador Héctor Astudillo y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado con el empresario porteño Joaquín Alonso Piedra, quien fue detenido la semana pasada y acusado por el gobierno federal como operador financiero del cartel de los Beltrán Leyva en Acapulco. Hasta el momento, el mandatario no se ha pronunciado ante los señalamientos de que Alonso Piedra financió su campaña y la estrecha relación del representante del Poder Judicial en Guerrero con el hijo del empresario David Iván Alonso Bustamante, quien es miembro distinguido del PRI y representante del sector empresarial en la fundación Colosio que dirige en la entidad, Robles Hurtado. Al respecto, el abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa señaló que hay zonas en la entidad donde es “difícil distinguir” entre las instituciones y la delincuencia y remató: “hay municipios donde la línea es tan delgada que no podemos diferenciarlos”. Por ello, dijo que ante la cooptación de autoridades que le sirven a la delincuencia, la estrategia de seguridad que implementa el gobierno federal y dirige el Ejército en la entidad no va a funcionar porque las autoridades no quieren reconocer el problema de infiltración y colusión de políticos, corporaciones policiacas y militares con la delincuencia, indicó.