CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal con sede en Boca del Río, Veracruz, ordenó a la Fiscalía General del Estado reponer una diligencia e investigar el delito de corrupción de menores en el caso de cuatro jóvenes acusados de violar a una menor en ese municipio conurbado del puerto de Veracruz, en enero de 2015. La orden fue emitida por el juez Anuar González Hemadi, titular del Juzgado Tercero de Distrito del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, al conceder el amparo al padre de la menor, víctima de presunta pederastia. El amparo fue otorgado porque el fiscal del estado omitió desahogar una prueba relacionado con la declaración de uno de los cuatro presuntos responsables, conocidos como Los Porkys de Costa de Oro, un fraccionamiento de Boca del Río. La Fiscalía omitió la declaración a pesar de que el acusado fue identificado por la menor desde su primera declaración como uno de los que estuvieron en el lugar y el momento en que ocurrieron los hechos. El juez consideró que el fiscal veracruzano transgredió los derechos fundamentales de la menor, previstos en la Constitución y en tratados internacionales, al negarse a realizar la diligencia el pasado 7 de marzo. Además, señaló que la Fiscalía veracruzana ha cometido “falta de diligencia” y exhaustividad en la integración de la averiguación previa. González Hemadi aseguró que la Fiscalía no llevó a cabo un correcto esclarecimiento de los hechos y reprochó que esa falla no haya sido observada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que había declarado el no ejercicio de acción penal en contra de uno de los acusados. De acuerdo con el juez, con esa decisión la justicia veracruzana dejó de lado que se habría cometido un delito diverso al de la pederastia, como es el de la corrupción de menores en la modalidad de facilitación de alcohol a menores de edad. Como consecuencia del amparo, quedó sin efectos la resolución de la Sala Constitucional del TSJ, que había exonerado a uno de los acusados, además de que la Fiscalía deberá tomarle la declaración, pero precisando si se trata de un probable responsable o testigo, o bien “se exprese la imposibilidad material o temporal para su desahogo”. La diligencia, estableció el juez, deberá servir para aclarar diversas cuestiones que no fueron atendidas diligentemente por la autoridad ministerial al momento de formular la denuncia y la ampliación de la declaración.