CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS) de Ures, Baviácora, Bamori, Aconchi y Bacánuchi, en Sonora, denunciaron que a dos años del derrame de 40 millones de litros de solución de cobre acidulado, no les están dando soluciones y “todo sigue igual”. En una reunión de los CCRS, a la que también asistieron organizaciones de la sociedad civil y miembros del Ejido La Sierrita de Durango, comunidad que ha obtenido diversas victorias legales frente a la minera canadiense Excellon, los Ejidos de Bacánuchi, el Sauz, San Rafael y Puerta del Sol firmaron el “Acuerdo para la regulación de las actividades mineras del río Sonora-Bacánuchi”. En un comunicado, destacaron que dicho acuerdo tiene el objetivo de regular la actividad minera en sus jurisdicciones y trabajar unidos por sus ejidos. En el acuerdo “los ejidatarios deciden tomar un papel más participativo en la defensa de sus derechos humanos” y se comprometen a “llevar a cabo acuerdos colectivos para fortalecer sus ejidos por medio de la capacitación, asociación, asesoramiento, y por medio de recursos vigentes de la ley agraria”, destaca el comunicado. Los distintos voceros enfatizaron en la necesidad de defender la comunidad de Bacánuchi –a dos horas de Arizpe por camino de terracería y cercada por la mina– de la conducta abusiva de la empresa y las omisiones de las autoridades. “Bacánuchi no está solo, todas las comunidades del río estamos listas para defender a Bacánuchi, porque si permitimos que desaparezcan esta comunidad será el comienzo de la desaparición de todas las comunidades del río”, dijo Francisca García del CCRS Aconchi. Según el texto, Buenavista del Cobre (BDC) está construyendo con permisos del gobierno y de las autoridades ambientales una nueva presa de jales muy cerca de Bacánuchi. Y aunque la presa está a escasos 15 kilómetros de sus casas, la comunidad no ha sido consultada por la minera. BDC obtuvo el permiso en el otoño de 2015, pero la comunidad no fue notificada oficialmente sino hasta el 23 de junio de 2016, y no por iniciativa de las autoridades o la empresa, sino en respuesta a una denuncia ciudadana que los CCRS interpusieron ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Los CCRS agradecieron a las personas y organizaciones asistentes al evento, especialmente al Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) por su acompañamiento durante estos dos años. En sus discursos refirieron las afectaciones a la salud, el agua y la economía que está sufriendo la población del río Sonora, lo cual fue resumido con una pregunta de un miembro del CCRS de Ures “¿Cómo va a valer más una mina que la vida de 22 mil personas?”.