MONTERREY, NL (apro).- El Poder Judicial estatal dejó en suspenso la vinculación del exgobernador priista Rodrigo Medina por las acusaciones de peculado y daño al erario presentadas por la Subprocuraduría Anticorrupción. Lo anterior, luego de que el magistrado que lleva el caso, que está en etapa de apelación, determinara hacer uso de las 72 horas que le concede el nuevo sistema de justicia penal acusatorio con el fin de deliberar sobre los argumentos de la Fiscalía y la defensa. Hasta ahora, quien fuera mandatario en el sexenio 2009-2015, es procesado únicamente por el delito de ejercicio abusivo de funciones, por orden del juez Jaime Garza Castañeda, quien en la misma sesión del 9 de agosto determinó absolverlo de las otras dos imputaciones. Con la ausencia del acusado, quien fue representado por sus abogados Alonso Aguilar y Javier Flores, esta tarde el magistrado Ángel Mario García escuchó en una breve sesión de 30 minutos a Héctor Maldonado, ministerio público vinculado a la Fiscalía Anticorrupción, quien argumentó la apelación para pedir que Medina de la Cruz fuera vinculado a proceso por los cargos que habían sido desechados. En la Sala 12 del Tribunal Superior de Justicia, ubicado en el centro de la ciudad, el magistrado consideró que el representante social pronunció razonamientos que no estaban incluidos en el escrito que previamente le había presentado para demandar la reconsideración de la decisión de Garza Castañeda. La defensa señaló que la parte acusadora no había presentado pruebas sólidas para sostener su demanda. García notificó a las partes que tomaría 72 horas para deliberar sobre el caso, plazo que comienza a contar a partir del lunes y concluye hasta el miércoles 21. En la pasada audiencia de vinculación del 9 de agosto, que duró 14 horas, el juez determinó procesar al priista por el uso indebido de 3 mil 600 millones de pesos que el gobierno de Nuevo León le entregó en estímulos y en especie a la armadora surcoreana Kia, que ya abrió sus puertas en el municipio de Pesquería, 30 kilómetros al norte de la capital. Fue esa la primera vez en la historia de la entidad que un exmandatario es sometido a proceso por el delito de corrupción. En caso de ser encontrado responsable, Medina enfrenta una penalidad que va de los 2 a los 12 años de prisión. Sin embargo, en esa misma audiencia el juez Garza Castañeda absolvió a Medina de los otros dos cargos, al señalar que la Fiscalía no comprobó que había actuado para inducir a otros funcionarios a que se condujeran dolosamente para afectar las finanzas estatales. Esta desvinculación provocó que la Procuraduría estatal presentara el recurso de apelación el lunes 5 y que este día se desahogó. Medina y otros 30 exfuncionarios, empresarios, familiares y allegados son objeto de investigación dentro de la operación Tornado, emprendida por la Fiscalía Anticorrupción de la entidad, que encabeza Ernesto Canales Santos. Por el mismo desvío, junto con Medina han sido vinculados, hasta ahora, quien fuera su tesorero, Rodolfo Gómez, así como el exsecretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán, quienes enfrentan penalidades idénticas a las de quien fuera su jefe. Otros exfuncionarios de menor jerarquía también son sujetos a proceso por este caso.