MONTERREY, NL (apro).- El exgobernador Rodrigo Medina fue exonerado de los delitos de peculado y daño al erario por un magistrado que resolvió improcedente la apelación de la Fiscalía Anticorrupción, que buscaba imputarle esos cargos. Con esta decisión, el priista únicamente será procesado por el delito de ejercicio indebido de funciones, que enfrentará próximamente, cuando se celebre la audiencia intermedia del desahogo de pruebas. En respuesta a esta determinación del Tribunal Superior de Justicia del estado, el asesor del gobierno estatal en materia anticorrupción, Aldo Fasci Zuazua, señaló que el magistrado Ángel Mario García Guerra violentó la ley, pues en la audiencia de apelación, que ocurrió el jueves 15, impidió que el MP presentara oralmente argumentos incriminatorios. Fasci dijo que, al silenciar al representante social, el magistrado violó el artículo 440 del Código Penal en el Estado que, de acuerdo con el nuevo sistema de justicia, precisamente promueve que en esas diligencias se ventilen oralmente los razonamientos. Además, acusó al mismo funcionario judicial de haber adelantado indebidamente su sentencia el sábado 17, cuando publicó, en su cuenta de Facebook, un texto en el que explicaba que no aceptaría presiones de ninguna instancia. Luego de señalar que no se quejarán ante alguna instancia por la actuación irregular de García Guerra, Fasci reconoció que esta sentencia –que ya no puede ser apelada– hace parecer que las acusaciones contra Medina son una farsa. “Esto apenas empieza. La Fiscalía en su momento aportará nuevos elementos de prueba porque los delitos sí existen y, ante la falta a criterio de un juez, que tuvo miedo, y un magistrado que indebidamente no dejó argumentar a los fiscales y adelantó públicamente cómo sería la resolución que hoy da, esta Fiscalía hará lo que le toca hacer”, advirtió el asesor. Por su parte, el subprocurador Ernesto Canales afirmó que Medina de la Cruz no ha librado las acusaciones del gobierno de Nuevo León por malversación de 3 mil 680 millones de pesos, entregados irregularmente a la armadora surcoreana de automóviles Kia, instalada en la entidad. Afirmó que buscarán nuevos argumentos y más pruebas para volver a incriminar a Rodrigo Medina por los mismos delitos de peculado y daño al erario estatal, por los que el juez Jaime Garza decidió no vincularlo en la audiencia de imputación celebrada el pasado 9 de agosto. En esa misma diligencia, Medina sí fue imputado y enfrentará juicio por el cargo de ejercicio indebido de funciones, por el que alcanzaría una penalidad de entre 2 y 10 años de prisión. No hay delito en “cobijagate” Al referirse también al escándalo de adquisición de cobertores con sobreprecio, caso conocido como cobijagate, Canales Santos dijo que la determinación para aplicar únicamente amonestaciones y sanciones administrativas contra el personal del gobierno estatal se debió a que no fueron encontradas pruebas constitutivas de delito. Explicó que el sistema de adquisiciones no está diseñado para atacar la corrupción, por lo que no fueron hallados elementos dolosos en la compra de un lote de 200 mil cobertores, en un precio de 29 millones de pesos, cuando pudieron haber sido adquiridas en 10 millones, según lo demostró una investigación periodística. Las cobijas fueron compradas en diciembre pasado y entregadas de emergencia, entre familias necesitadas, ante el frío de la temporada. Por esta irregularidad fue cesado el subdirector de Adquisiciones, Rogelio Benavides, amigo personal del gobernador Jaime Rodríguez Calderón. El exfuncionario fue amonestado públicamente y objeto de una multa por 7 mil 300 pesos. Canales dijo que la empresa proveedora Mifof SA pudo haber sido acusada por la irregularidad, pero como ofreció reponer 60 mil cobertores, la Fiscalía determinó quitar los cargos a cambio de esta aportación resarcitoria.