PGR investiga a Duarte y Yunes por desvío de recursos y enriquecimiento ilícito

miércoles, 21 de septiembre de 2016 · 15:38
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal ya investigan las denuncias interpuestas contra el gobernador saliente de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y el mandatario electo Miguel Ángel Yunes Linares. Ambos políticos han recurrido a la PGR para demandarse por desvío de recursos, enriquecimiento ilícito, daño patrimonial, presunto lavado de dinero, entre otras acusaciones que vienen arrastrando desde 2015. En rueda de prensa, el secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado confirmó que a Veracruz y al Palacio de Gobierno han acudido empleados de la PGR para realizar diligencias, entrevistas y pruebas ministeriales por las querellas federales presentadas en contra de Yunes Linares, pero también han solicitado información del gobernante en turno, sobre todo la relacionada con las llamadas “empresas fantasmas”. Ríos Alvarado orientó la rueda de prensa a señalar que él compareció como “testigo” de una investigación que realiza la PGR contra los bienes inmuebles de Miguel Ángel Yunes Linares, su esposa e hijos. Ríos Alvarado ahondó que en el caso de la investigación derivada de las denuncias puestas contra Javier Duarte, la actual administración estatal siempre ha “estado dispuesta” a colaborar, “en especial” -insistió- con la Procuraduría. “Lo que tuvimos fue una reunión en la que prevaleció la urbanidad y la civilidad política, y en ese sentido el gobierno del estado ha entregado toda la información desde el primer momento en que supimos que se investigaba a la familia Yunes Linares”, dijo. En el noticiero “Despierta” de Televisa con Carlos Loret de Mola, el funcionario estatal informó que “fuentes oficiales” le confiaron que el director de Catastro del gobierno de Duarte, Domingo Yorio es el “primer inculpado” de la PGR por “esconder a una autoridad federal” información que le solicitó sobre las propiedades del gobernador y sus colaboradores más cercanos. A menos de 70 días de que concluya su sexenio, al priista Javier Duarte le han estallado diversos escándalos, la mayoría relacionados con la situación financiera por la que atraviesa el estado, con una deuda pública que ronda los 50 mil millones de pesos, pagos pendientes a proveedores y contratistas superior a los mil millones de pesos, así como el impago a diversos trabajadores del estado. En contraste, políticos de oposición (PAN y PRD) con base en documentos de la ASF acusan a Duarte y también a sus colaboradores más cercanos de haberse enriquecido con dinero del erario público. En ese contexto, hoy el titular de la Secretaria de Gobierno local aseguró que “hay tranquilidad” en el aparato gubernamental, ante la ola de acusaciones pues -dijo- “el que nada debe, nada teme”. “Conozco perfectamente el alcance legal de mis responsabilidades como secretario de Gobierno, y les comento a todos que en ningún momento el gobernador Javier Duarte de Ochoa me ha pedido que haga algo indebido o ilegal en el tiempo que llevo de laboral con él”, afirmó. Ríos expuso que en reunión con el Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal, Carlos Zapico Esquivias, le reiteró que el gobierno de Duarte muestra “claridad y apertura” en la información referente a Catastro. “Y ponemos a disposición cualquier dato que sirva de referencia para las investigaciones realizadas, toda la información con la que cuenta esta dependencia viene directamente de lo que reportan los municipios, y esa es la información que Catastro proporcionó a la PGR. En ningún momento se ha negado u ocultado nada”, sostuvo. En el caso de Yunes Linares, quien entrará en funciones a partir del 1 de diciembre, ha enviado misivas al presidente Enrique Peña Nieto y a la Secretaría de Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, para pedir de forma apremiante que la federación intervenga en el saqueo y desvió de recursos en que ha incurrido el gobierno de Duarte, así como en las recientes aprobaciones en el Legislativo que dejarán maniatado financieramente al gobierno de coalición entrante.

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