Presidente del TSJ de Guerrero anuncia acción penal contra normalistas por destrozos

sábado, 24 de septiembre de 2016
CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, condenó “la vandalización” de la sede del Poder Judicial en la ciudad de iguala, que fue destrozada hace tres días por normalistas de Ayotzinapa en protesta por la destrucción de un video clave para esclarecer el caso de la masacre y desaparición de sus 43 compañeros. El magistrado, quien se desempeña como notario en Acapulco y ha sido señalado por sus presuntos nexos con el narco, anunció que interpondrá una denuncia penal ante autoridades ministeriales para deslindar y fincar responsabilidades ante la destrucción de mobiliario, equipo de computo y expedientes judiciales. [caption id="attachment_456238" align="alignnone" width="169"]Mensajes de Robespierre Robles Hurtado en Twitter Mensajes de Robespierre Robles Hurtado en Twitter[/caption] A través de su cuenta de Twitter, Robles Hurtado advirtió que en el inmueble se encuentran los archivos de las causas penales relacionadas con el caso Ayotzinapa, en particular con el delito de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de los estudiantes Julio César Ramírez Nava, Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes y otras personas. Por ello, el personaje de negro historial reprochó la acción de los normalistas de Ayotzinapa al señalar que el hecho de quemar expedientes judiciales “aleja de la verdad, no solo en el caso de la masacre y desaparición de los 43 sino del resto de los expedientes de los ciudadanos y que ahora, aseguró, están destruidos y remató: “No hay ningún video relativo a los hechos de los desaparecidos; el material de datos que existió se entregó a la PGR por la titular anterior”, dijo Robles Hurtado en referencia a la ex presidenta del TSJ, Lambertina Galeana Marín. Robles anunció que durante una semana quedarán suspendidas las labores en los juzgados de primera instancia de la ciudad de iguala, en tanto se realizan los trabajos de reparación y cuantificación de los daños. También, dijo que el Consejo de la Judicatura acordó suspender los términos legales de los casos radicados en Iguala. Padres de los 43 exigen castigo contra magistrada Por su parte, el abogado de los padres de los 43, Vidulfo Rosales Sierra criticó el discurso oficial del gobernador Héctor Astudillo y el resto de funcionarios locales que hablan de legalidad pero incurren en actos de corrupción y omisión. El defensor advirtió que autoridades del TSJ no pueden desaparecer pruebas de delitos flagrantes, sin fincar una responsabilidad penal y administrativa contra los responsables de este delito. Sobre el video de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, Rosales afirmó que personal técnico de la sede del Poder Judicial  en Iguala se trasladó a Chilpancingo y entregó la grabación directamente a la magistrada Lambertina Galeana. “Hay datos fehacientes de que personal técnico del Tribunal accedió tres o cuatro veces a los videos esa noche y las imágenes que entregó a la PGR ya iban manipuladas”, expresó el abogado. Por ello, los padres de los 43 y su abogado exigieron castigo contra la ex presidenta del TSJ y actual magistrada Lambertina Galeana Marín, argumentando que no solo ha sido protegida sino exenta de la investigación sobre la destrucción del video clave en el caso Ayotzinapa. Durante una protesta realizada ayer en la sede del TSJ en esta capital, los inconformes reprocharon el nepotismo que ha caracterizado al Poder Judicial en la entidad, ya que la hija y otros familiares de Galeana Marín laboran directamente con la cuestionada magistrada. Rosales Sierra consideró que todo el sistema político y partidista coludido con el narco detonaron el caso Ayotzinapa y criticó la desbordada corrupción e inacción del gobernador Astudillo, quien se ha vuelto cómplice de esta situación. La historia del video clave En agosto de 2015, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), emitió un comunicado donde denunció la posible destrucción de un video que habría registrado el momento exacto de la desaparición de los 43 normalistas y que fue grabado por las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala. En ese entonces, los miembros del GIEI afirmaron que el video fue enviado a la ex presidenta y actual magistrada del TSJ, Lambertina Galeana Marín pero que al parecer habían destruido la prueba y pidieron a la Procuraduría General de la República (PGR), investigar este hecho. En su momento, Galeana Marín, declaró públicamente la inexistencia del video. “No se puede destruir lo que nunca existió”, justificó. Los especialistas de la CIDH aseguraron que esa grabación captó el momento en que al menos una veintena de normalistas fueron interceptados por agentes federales, estatales y municipales en las inmediaciones del punto conocido como el puente del Chipote, lugar ubicado justo frente a la sede del TSJ en Iguala.

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