CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Con excepción del grupo parlamentario del PAN, el resto de las fuerzas políticas aprobó fast track la creación del Consejo de la Judicatura, luego de que la semana pasada la iniciativa no pudo pasar la aduana legislativa, debido a que organizaciones civiles tomaron la tribuna. El panista Rogelio Loya Luna solicitó que se devolviera el decreto a la Comisión de Justicia, ya que como vicepresidente de ésta no fue convocado en tiempo y forma, menos hubo análisis ni consulta a la sociedad civil, lo que significa un desdén al Sistema Nacional de Anticorrupción. A partir de esa intervención se generó una discusión en el pleno, donde los priistas encabezaron la defensa del decreto presentado por la juarense Mayra Chávez Jiménez, quien aseguró que alguna persona firmó de recibida la invitación enviada a Loya para reunirse en la comisión. Al final, desecharon la propuesta de Loya Luna con 25 votos en contra y seis de los panistas, a favor. Rodrigo de la Rosa Ramírez, coordinador de la fracción del PRI, aseveró que sólo buscan crear el Consejo de la Judicatura y que la designación de los integrantes corresponderá a la siguiente legislatura, la número 65 que tendrá mayoría panista. Lo secundaron los coordinadores de las fracciones del PRD, PT, Movimiento Ciudadano y legisladores de su mismo partido, quienes acusaron al PAN de argumentar sólo de manera política y no jurídica. El presidente de la bancada panista, César Jáuregui Moreno, cuestionó a sus homólogos que defendieron el decreto con la justificación de “fortalecer” al Poder Judicial, cuando en realidad buscan “atrincherar” a los agentes ministeriales en el Tribunal Superior de Justicia, que es el único refugio que les queda a los priistas y a quienes han secundado al gobierno de César Duarte que ya termina. El Poder Judicial es presidido por el priista Gabriel Sepúlveda Reyes, originario de Parral y uno de los más apoyados en el gobierno duartista, junto con el magistrado de la Primera Sala Penal, Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quien fue diputado del PRI la legislatura pasada y al que pretenden proponer como integrante del Consejo de la Judicatura estatal. En ese panorama de confusión, los priistas propusieron el decreto la semana pasada, pero se los impidió un grupo de ciudadanos y hoy, con un fuerte dispositivo de seguridad, subieron el tema a tribuna y lo aprobaron por mayoría. César Jáuregui indicó que el decreto no contempla los requisitos para elegir a los integrantes del Consejo de la Judicatura y cuestionó que se haga a menos de diez días de concluir la gestión de Duarte Jáquez, sin tomar en cuenta a quienes se han manifestado en contra. El diputado de Movimiento Ciudadano, Fernando Reyes Ramírez, justificó que lo que aprobarían era el organismo que administrará, vigilará y disciplinará al Poder Judicial, no designarían a los integrantes del nuevo órgano judicial. Reyes arremetió contra los magistrados del Tribunal Estatal Electoral cuando surgió la propuesta de incluirlos dentro del Consejo recién creado y los calificó de “chambistas, pusilánimes, ignorantes y chafas”, por lo que urgió a vigilarlos. Entre la participación de diez legisladores a favor y en contra del decreto, en una de sus intervenciones Jáuregui Robles refirió que con el pretexto de “fortalecer las instituciones”, en Veracruz los diputados crearon una fiscalía anticorrupción (desechada por la SCJN), y en Quintana Roo aprobaron una escolta de 15 agentes para el gobernador una vez que deje el cargo. “¿Y qué hay de las iniciativas presentadas al cuarto para las doce? No hay precedentes, porque los resultados electorales legitiman a un político (...) no es porque yo quiera hacer las cosas y tú no (el gobierno entrante o el saliente), dicen que no tenemos argumento jurídico, pero sólo cambiaron el transitorio para que en vez de designar a los integrante del Consejo de la Judicatura el 16 de octubre, lo hagan 20 días después de que se publique el decreto, pero esa publicación va a ser antes del 3 de octubre, se los aseguro. Entonces, una vez publicada, antes de la salida del actual gobierno (...) si el Poder Judicial hace la designación el 6 de octubre y la legislatura pretender modificar el decreto mediante la facultad constituyente permanente, tiene que volver a convocar a los municipios y se puede prestar a litigio, porque los integrantes nombrados pueden alegar: ‘A nosotros nos estás afectando derechos constitucionales adquiridos que ya me designó el Consejo de la Judicatura’, y van a generar amparos y litigios”, advirtió. El Consejo de la Judicatura entrará en vigor en enero de 2017 y se integrará por cuatro integrantes del Poder Judicial, dos del Ejecutivo y dos del Legislativo.