CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El delegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Guerrero (Sedatu), José Manuel Armenta Tello, reveló que desde la devastación provocada por los huracanes Ingrid y Manuel en 2013, se planteó la necesidad de reubicar el fraccionamiento Campestre La Laguna, pues la zona donde fue construido es susceptible de inundaciones.Consultado al respecto, el funcionario federal dijo desconocer las causas por las que los habitantes de este fraccionamiento de Fovissste no han sido reubicados. “Seguramente se estaban haciendo los trámites ante Fovissste”, expresó Armenta Tello. No obstante, dio a conocer más irregularidades y omisiones gubernamentales que exhiben las deficiencias del programa de reconstrucción anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto, el 7 de noviembre de 2013, denominado Plan Nuevo Guerrero, con una inversión federal de casi 70 mil millones de pesos. El funcionario federal informó que 74 casas deberán ser demolidas y construidas nuevamente. Las causas: exdirectivos de la Sedatu incurrieron en irregularidades y no presentaron dictámenes fundamentales para garantizar la habitabilidad y el cambio de uso de suelo. El resultado fue el colapso de viviendas destinadas a damnificados de 2013 en Chilpancingo y los poblados de Petaquillas y Río Papagayo. Tales omisiones, continuó, se deben a “vicios de origen” generados “quizá” por la premura en la ejecución de acciones. Explicó que además de la afectación social, las deficiencias en el programa de reconstrucción generan un gasto económico extraordinario. Y es que cada vivienda tiene un costo de 120 mil pesos, más 170 mil por la introducción de servicios, aunado al precio de un nuevo terreno. Sobre las consecuencias legales contra exautoridades involucradas en estas irregularidades, el delegado de la Sedatu dijo que la información y reportes ya fueron remitidos a las oficinas centrales de dependencia federal que encabeza Rosario Robles para deslindar responsabilidades. Respecto a las inundaciones ocurridas este fin de semana en el puerto de Acapulco, la región de Costa Grande, así como carreteras de la Montaña y el resto de la entidad, comentó que en el caso del poblado de Hacienda de Cabañas, municipio de Benito Juárez, se requiere reconstruir el poblado sobre palafitos, pues el lugar está bajo el nivel del mar y siempre sufrirá inundaciones. Manuel Armenta Tello consideró que en el caso de las vías terrestres colapsadas, se trata de tramos que no fueron intervenidos tras la tragedia de septiembre de 2013. Incluso, recordó que el fondo para atender consecuencias de desastres naturales no contempla reconstruir carreteras solo las áreas afectadas. Según su versión, hubo acciones gubernamentales que cambiaron las condiciones, así como el uso y trayecto de ríos, que no han sido revestidas y siguen provocando inundaciones. Tal es el caso del tramo carretero de chota denominado Metlapil, el cual conecta con la zona Diamante de Acapulco. Esta vía representa, añadió, un obstáculo para el río de la sabana y debe ser elevado para liberar de manera natural el afluente. El funcionario aclaró que “no todas las cosas se hicieron mal”. Mencionó el caso del puente vehicular del municipio de Coyuca de Benítez, calculado para soportar los fenómenos naturales que actualmente enfrenta la entidad.