CHILPANCINGO. Gro. (apro).- Mientras el gobernador Héctor Astudillo negocia la liberación de dos personas secuestradas por el grupo delincuencial que encabeza Raybel Jacobo de Almonte, El Tequilero, familiares y trabajadores de la empresa Beneficiadora de Minerales Temixco salieron a las calles de Arcelia para solicitar a sus habitantes una cooperación voluntaria para pagar el rescate de las víctimas. Según trabajadores de la empresa, quienes cerraron la mina desde hace tres días ante la falta de garantías para su seguridad, además del ingeniero Hugo Durán y el hijo de la contadora de la empresa de minerales, otros seis empleados continúan secuestrados desde el pasado 27 de agosto, no obstante que Astudillo afirmó que cinco de ellos ya habían sido liberados “sin pagar rescate”. Las actividades de boteo y venta de comida para pagar el rescate se realizan desde la semana pasada, sin que ninguna autoridad garantice la seguridad de los pobladores en la región de Tierra Caliente, cuyo control está en manos de la delincuencia organizada. Ayer, el gobernador Héctor Astudillo afirmó que su gobierno trabaja para liberar al ingeniero Hugo Durán y al hijo de la contadora de la empresa Beneficiadora de Minerales Temixco, tal como lo hicieron con el caso del secuestro masivo que se registró a principios de enero en esa franja de la entidad disputada traficantes de droga. En ese entonces, la banda de El Tequilero secuestró a 21 personas de los municipios de Arcelia y San Miguel Totolapan. Sus captores los liberaron después de que el gobierno de Astudillo negoció con Jacobo de Almonte y se comprometió a detener al líder del grupo antagónico, Jonhy El Mojarro Olascoaga Hurtado, jefe de La Familia y afincado en Arcelia. Desde hace dos años la revista Proceso ha documentado la lucha que mantienen El Tequilero y El Mojarro por el control de las zonas de producción y trasiego de drogas en la zona norte y la región de Tierra Caliente, y la forma en que la delincuencia se enquistó en la industria minera. Incluso, se han convertido en socios de las empresas extranjeras y les rentan maquinaria con la anuencia de los tres niveles de gobierno.