SAN LUIS DE LA PAZ, Gto., (apro).- Habitantes de este municipio se organizaron para oponerse a la instalación de una planta de producción de cianuro de sodio –insumo para la extracción de oro y plata por la industria minera- de la compañía Chemours, e interpusieron un documento con severos cuestionamientos a la Manifestación de Impacto Ambiental en manos de la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) al considerarla de alto riesgo para la población de la región. Inicialmente, la planta sería construida en Salamanca, pero el rechazo inicial de la población la frenó para esa ciudad, que registra los más altos índices de contaminación del aire debido a la operación de la planta termoeléctrica de la CFE y la refinería de Pemex. Además de recabar unas cinco mil firmas, el movimiento que encabeza la “Organización ciudadana ludovicense por el derecho a vivir en un ambiente sano” ha convocado a una marcha que se efectuará este domingo 11 de septiembre en el centro de la ciudad. En comercios, viviendas particulares y otros edificios se han colocado mantas y letreros con la leyenda “No a la planta de Cianuro”, debido a que su instalación se considera de alto riesgo para la salud y el medio ambiente local, en la que producirían 65 mil toneladas de cianuro de sodio al año. En la organización ciudadana participan 150 personas, quienes asesorados por un grupo de expertos –geólogos, un doctor en ciencias y ambientalistas- han encontrado “una barbaridad” en el documento de Manifestación de Impacto Ambiental con el que The Chemours Company pretende obtener la autorización de la Semarnat, por lo que se demanda que la dependencia federal no la otorgue. Se está exigiendo también al Ayuntamiento que no autorice el cambio de uso de suelo. El cianuro de sodio es utilizado en el proceso de lixiviación –separación del oro y la plata—de la minería. La empresa pretende, una vez que consiga los permisos, iniciar la construcción y echarla a andar en los siguientes dos años, con un periodo de operación total de 50 años que se podrían extender “en función del mantenimiento de sus instalaciones” para reducir la importación del cianuro “y apoyar el crecimiento de la industria minera de oro y plata en México”, según refiere en el documento de Manifestación de Impacto Ambiental. “No pararemos hasta que tengamos en nuestras manos los documentos oficiales que nieguen los permisos a la empresa”, dijo a Apro Guillermo Benítez, integrante de la Organización ciudadana ludovicense. “Los expertos que nos asesoran nos expresan que el documento es una barbaridad, que no concuerda con la realidad de esta zona del estado. Estamos dispuestos hasta bloquear la carretera federal 57 si es necesario porque sabemos que es una sustancia altamente tóxica y causaría efectos dañinos irreversibles”, advirtió. Los beneficios ofrecidos por Chemours son menores en comparación con los riesgos que representa la operación de la planta productora de cianuro, añadió. A la oposición se han sumado la Iglesia católica local y algunas iglesias evangélicas. Las promesas de Chemours El 25 de agosto, Chemours dio a conocer que había iniciado los trámites necesarios ante las autoridades de los tres niveles de gobierno para obtener autorizaciones, concesiones y licencias para la construcción de la planta de producción de cianuro de sodio (denominada Proyecto San Luis) “con la tecnología más innovadora, eficiente y segura del mundo”. “El proyecto representa una inversión de tres mil 200 millones de pesos y la generación de mil empleos, directos e indirectos en San Luis de la Paz, así como la generación de una red de proveedores de servicios que incentivará la economía local. “Tenemos una trayectoria de más de tres décadas de proveeduría, transporte y manejo seguro en México. El centro de distribución más grande de México se encuentra muy cerca de San Luis de la Paz, en la capital de San Luis Potosí. En 10 años de operación, este centro jamás ha presentado un incidente”, indicó la empresa en un comunicado. Según Chemours, este proyecto representa “lo más avanzado y seguro del mundo en su tipo, diseñado bajo los más estrictos criterios de sustentabilidad. Es un proyecto técnica y ambientalmente viable que cumple y sobrepasa todos los requisitos de la legislación ambiental y las normas aplicables de los diferentes niveles, tanto federal, estatal como municipal”, además de que el 20% de la inversión está destinada a medidas ambientales, como la reutilización del agua. “Se protege estrictamente al subsuelo y los mantos acuíferos, al no efectuarse descargas a los mismos”. Tampoco se genera ningún tipo de residuo sólido y se anuncia la inversión en equipos de alta tecnología para reducir al máximo las emisiones a la atmósfera. “Queremos informar a la opinión pública que nuestro proyecto no representa un riesgo para la salud o la seguridad de las personas, así como tampoco para el medio ambiente, lo cual será evaluado y verificado por las autoridades competentes”, anunció la empresa, que también ofreció un próximo acercamiento con los habitantes de la región para dar a conocer los pormenores del proyecto. Incredulidad ciudadana Sin embargo, la reacción de sectores de este municipio muestran su desacuerdo con los compromisos que a futuro ofrece la empresa. En principio, explicó Guillermo Benítez, por la pretendida ubicación de la planta, en el kilómetro 72 de la autopista 57 –en dirección San Luis Potosí a Querétaro- en una extensión de más de 23 hectáreas de un predio conocido como ex hacienda de Santa Ana, debido a que se trata de una zona de vocación agrícola y ganadera. Este punto se localiza a 22 kilómetros de la cabecera municipal. La empresa alega que se trata de una zona “alejada de centros de población” y aunque reconoce que es suelo agrícola, afirma que no ha habido movimiento de esa actividad en los últimos dos años. “Es la Comarca de Laguna Seca, son miles de hectáreas y miles de familias dedicadas a ambas actividades”, contradice Benítez. Para este proyecto, debe considerarse como zona de influencia no solamente San Luis de la Paz sino otros municipios vecinos, según han expuesto los integrantes del movimiento opositor, tal como ha ocurrido en coyunturas similares en otras regiones del país ante los proyectos mineros y otros relacionados con esta industria. El estado de la carretera 57 en ese tramo es otra de las preocupaciones de los ludovicenses. “Todos sabemos que la carretera es un bache que empieza en Querétaro y termina en San Luis Potosí, está en pésimo estado y hay accidentes todo el tiempo”, dijo. Otros criterios por los que se oponen a la instalación de la planta es el de la preservación de especies “que correrían peligro”, así como la carencia de infraestructura para atender una contingencia en una instalación como la planta de cianuro. Molestos porque han sido ignorados hasta la fecha, los ciudadanos inconformes con la planta refieren que el abatimiento de los mantos freáticos y la explotación irracional del carbón han dejado recursos mínimos a la zona, “y siempre es la decisión de un mismo grupo de empresarios que hacen lo que les da su gana”. Éstos y otros argumentos esperan presentarlos en el foro que se efectuará el 14 de septiembre en el Centro comunitario de San Luis, como parte del proceso de consulta pública para obtener la autorización de la Semarnat. A partir de la fecha de la consulta, Semarnat tendrá un plazo de hasta 60 días para emitir la resolución sobre la Manifestación de Impacto Ambiental y la autorización o no al proyecto, independientemente de los trámites ante el gobierno municipal por parte de la empresa. El tema, concluyó el representante de la Organización ciudadana ludovicense, ya logró “lo que nadie había logrado; conjuntar a gente de todos los partidos, estratos, hasta iglesias, para defender a nuestro municipio”.