MEXICALI, BC (apro).- El regidor panista Luis Torres, acusado de hacer operaciones para lavar dinero en Estados Unidos, solicitó y obtuvo una licencia por "tiempo indeterminado" del cabildo de Tijuana, al tiempo que en California alista su defensa el abogado Anthony Colombo, quien representó a Benjamín Arellano Félix para reducir su condena de 150 años a sólo cinco lustros. Este martes 3 de enero Torres saldrá de la celda en la que permanece desde hace 15 días para ser trasladado a la Corte Federal de San Diego, California, y enfrentar cargos federales por el trasiego de dinero en efectivo que se estima en 20 millones de dólares en los últimos cinco años. Torres recién juramentó su responsabilidad constitucional como regidor en el cabildo de Tijuana, el 1 de diciembre, al formar parte de la planilla del ahora alcalde Juan Manuel Gastélum, un panista que ha sido diputado local y federal con vínculos políticos con el gobernador Francisco Vega. Consejero de la Coparmex local, el regidor panista habría tomado posesión de la Comisión de Seguridad Pública del cabildo de Tijuana de no haber sido capturado. De inmediato, los expresidentes de la cúpula empresarial tijuanense se deslindaron de las actividades de Torres y hasta su socio, el empresario boxístico y constructor Fernando Beltrán, rechazó cualquier vínculo comercial con el ahora preso, y únicamente admitió que aquél es esposo de una prima de su mujer. Además, el PAN sostuvo que Torres no es militante, aunque resultó invitado a la campaña política del alcalde Gastélum. Por escrito en papel membretado del ayuntamiento de Tijuana y con firma autógrafa, a seis días de estar preso en una cárcel de San Diego, el regidor panista Torres solicitó al cabildo una "licencia temporal por tiempo indeterminado" para atender asuntos personales y pidió ser sustituido por su suplente durante una sesión realizada la tarde del pasado jueves 29. A este hombre se le fijó una fianza de 5 millones de dólares, monto que varía al de los otros 11 detenidos, todos ellos integrantes de familias adineradas de la región Tijuana-San Diego, de alto perfil en actividades sociales. David Javier Espinosa es propietario de casas de cambio en Tijuana y se encuentra detenido, al igual que sus hijos David, Sofía y Carlos. También está en este proceso su esposa Claudia Ramírez, integrante de una acaudalada familia de comerciantes en esta frontera y dueña de una cadena de supermercados. Otros que enfrentan los cargos pero en libertad por el pago de una fianza son Karla Merina Lamas y Jorge Carlos Escalante, esposa e hijo del expresidente de la Coparmex Jorge Escalante. Sociedad con Beltrán A pesar de negarlo, Fernando Beltrán sí tiene relación con su familiar político detenido por una investigación de lavado de dinero durante la mañana del 16 de diciembre en la aduana de San Isidro, California. También se le relaciona con otros capturados. Desde 2011, Luis Torres Santillán es apoderado de Beltrán Rendón para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio, según poder otorgado en la notaría pública 18 de esta ciudad fronteriza e inscrito en la partida 5767987 del Registro Público de la Propiedad y Comercio. Trascendió además que David Javier Espinoza participa en una de las empresas de Beltrán, a partir del cuarto trimestre de 2016, y que también Rafael Lizárraga, otro de los detenidos, es empleado del dueño de la empresa promotora de box Zanfer. Movimientos sospechosos El grupo de tijuanenses-sandieguinos, ya que la mayoría tiene doble nacionalidad, realizaba operaciones en efectivo en instituciones bancarias y financieras en el sur de California. Una fuente consultada señaló que, además del monto de las operaciones, llamó la atención de las autoridades estadunidenses el volumen de movimientos que se fue incrementando en los últimos dos años. Torres lideró una intrincada operación financiera que se convirtió en industria del lavado de dinero o, en el menor de los casos, de evasión fiscal en Estados Unidos, comentó la fuente. Los participantes en esta red recibían divisa estadunidense vía remesas en instituciones bancarias y financieras de Tijuana, con precio interbancario; luego volvían a cambiar los pesos a dólares en casas de cambio de esta frontera, cruzaban de manera constante a California para enviar dinero a México y seguir un círculo que fue detectado por autoridades de Estados Unidos por los montos acumulados y el volumen de operaciones. De existir, comentó la fuente, el ilícito federal en Estados Unidos, se deriva por no declarar al gobierno el ingreso de dinero a su territorio.