MÉRIDA, Yuc. (apro).- Las organizaciones Artículo 19 y Equipo de Derechos Humanos Indignación reprobaron la determinación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de convalidar el resolutivo de su homóloga yucateca al negar actos de tortura en el caso de la agresión policiaca al periodista Edwin Canché Pech. En un comunicado conjunto, ambos organismos defensores de la libertad de expresión y los derechos humanos recordaron que el 1 de enero de 2014, Canché fue golpeado por cinco policías municipales de Seyé, por instrucción del ahora exalcalde Ermilo Dzul Huchim. Por ello, reprocharon que “en medio de la crisis de derechos humanos que vive Yucatán en materia de tortura y en contradicción con los estándares internacionales en esa materia”, la CNDH avalara la postura de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) respecto al caso. Aquel día, Canché Pech fue detenido arbitrariamente por el quinteto de policías, bajo el mando del propio alcalde, cuando cubría un accidente automovilístico que involucraba a un familiar de Dzul Huchím. Inmediatamente después de su detención, Canché fue trasladado a la presidencia municipal, donde los policías y el propio munícipe le cayeron a golpes causándole lesiones en las costillas y una contusión en la cabeza. Para rematar, el presidente municipal le advirtió: “Ya estoy hasta la madre, me tienen cansado de que estén criticando mi administración”. Artículo 19 e Indignación asumieron la representación jurídica del periodista, acompañando hasta ahora el proceso penal y la queja ante la Codhey, organismo que en su recomendación 20/2015 resolvió que el hecho no constituye tortura. Y lo calificó como “uso indebido de la fuerza”. La determinación fue impugnada ante la CNDH mediante un recurso interpuesto en diciembre de 2015. Así mismo, acusaron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR), de haber integrado y consignado la correspondiente averiguación previa por los delitos de “lesiones y abuso de autoridad”, sin considerar la tortura. Consideraron “lamentable” la resolución de la CNDH, notificada el 9 de enero de 2017, “a más de un año de que se interpuso el recurso de impugnación contra la resolución de la Codhey, ya que como lo consideró este organismo estatal, determinó que como las lesiones ocasionadas a Edwin Canché no ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de 15 días, ‘no se podían considerar como tortura’”. Incluso, dijeron que “la propia CNDH recurre a la definición de tortura contenida en la Convención contra la Tortura de la ONU, la cual establece que los sufrimientos infligidos deben ser ‘graves’”. Los inconformes destacaron que “peor aún, en sus consideraciones la CNDH reduce los actos en los que puede considerarse tortura únicamente a aquellos que tienen el propósito de obtener información o la confesión de aceptar la participación de un ilícito”. Lo anterior, añadieron, contraría la definición más amplia y protectora en materia de tortura que se encuentra en el sistema interamericano, e incluso en la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en Yucatán. Además, insistieron en que en su escrito la CNDH “hace notar las diferencias entre trato digno y tortura cuando una persona es detenida por la comisión de algún delito, consideración ociosa y ofensiva cuando Edwin Canché fue detenido arbitrariamente en ejercicio de su actividad periodística”. Y aclararon: “esto no abona en absoluto ante la situación de tortura que impera en todo el país, y particularmente en Yucatán, así como el aumento de agresiones contra periodistas en los últimos años”. La lista Luego, enlistaron los presuntos casos de tortura ocurridos durante 2016 en Yucatán, donde “una persona falleció en Temax, en mayo, después de ser torturada por policías municipales; días después, un detenido falleció en los separos de la Secretaría de Protección y Vialidad de Mérida”. Las organizaciones aludieron también al video que se hizo público en el que se muestra la tortura infligida por policías municipales de Tekax contra una persona detenida. “El propio policía que divulgó ese video también fue torturado”, recordaron. “Otro periodista en Kanasín, Félix Bigman, fue detenido arbitrariamente y torturado en el ayuntamiento el pasado 30 de diciembre, derivado de su labor periodística”, señalaron. “Estos son sólo algunos de los casos más recientes, pero el número de personas fallecidas en las cárceles y otras denuncias de tortura muestran la crisis de derechos humanos que existe en Yucatán en esta materia, profundizada por la indolencia de la Codhey y ahora por la CNDH”, recalcaron. Por lo anterior, calificaron como reprobables las determinaciones de ambos ombudsman –el nacional y el estatal- de negar actos de tortura en el caso de Edwin Canché, “argumentando que deben acreditarse lesiones graves que hayan puesto en peligro su vida, omitiendo los estándares internacionales más protectores en esta materia, lo cual también resulta preocupante ante el contexto generalizado de tortura que existe en México, tal como lo concluyó el Relator de la ONU en su visita al país en 2014”. Por ello, exigieron que ambas instancias, “como organismos cuya función esencial es proteger los derechos humanos, se conduzcan conforme a los más altos estándares en materia de tortura, y en general, en derechos humanos, ante la crisis que existe en el país en esta materia”.