CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Chihuahua, a cargo de Javier Corral Jurado, interpuso una denuncia penal contra la administración anterior por una planta de tratamiento de aguas residuales en Parral que tuvo un costo de 100 millones de pesos y que sólo funciona en un 18%. La denuncia es por los delitos de uso ilegal de atribuciones, tráfico de influencias y peculado. De acuerdo con la secretaria de la Función Pública estatal, Estefany Olmos, el contrato estipulaba que la obra debía entregarse operando en su totalidad pero la administración de César Duarte realizó una “simulación de la supervisión”, para mostrar que la planta operaba al 100%, aunque no era así En conferencia de prensa, la funcionaria detalló que el costo de la planta en Parral fue pagado en su totalidad, y supervisores de obra y encargados técnicos firmaron documentos en los que indicaban que la obra había sido concluida en su totalidad, lo que es falso. “Al no estar funcionando la planta, las aguas crudas, las aguas negras se están tirando en el río Parral, con la subsecuente contaminación y daño al medio ambiente”, afirmó en la rueda de prensa Roberto Lara, director jurídico de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua. El funcionario detalló que la denuncia es por los delitos de uso ilegal de atribuciones, tráfico de influencias y peculado. Y en cuanto a las irregularidades en la operación de la Junta Central de Agua y Saneamiento, durante la administración de Duarte, se informó que serán indagados funcionarios que ocuparon puestos de direcciones técnicas, supervisión y subdirecciones, “puestos de toma de decisiones”, aunque no se precisaron nombres. Olmos afirmó que incluso será investigada la evolución patrimonial de funcionarios involucrados en el caso, para saber si obtuvieron beneficios mediante actos de corrupción. Otra denuncia Lara informó además sobre la presentación de otra denuncia penal por las irregularidades en el proceso de la construcción de un acueducto en la ciudad de Camargo. En este caso, refirió que se simuló la autorización de la obra y que a la empresa constructora se le encargó avanzar con el proyecto, incluso antes de que se diera el proceso de licitación, por un monto de más de 11 millones de pesos. “El proveedor aceptó realizar la obra con el conocimiento que no existía licitación ni contrato al iniciar los trabajos”, señaló la autoridad estatal. La obra se construyó y su objetivo era llevar agua a una planta petroquímica de Pemex, pero a fin de cuentas nunca se utilizó. “En ningún momento la petroquímica de Pemex dio autorización para esa obra”, acusaron los funcionarios. En este caso se indagan los delitos por uso ilegal de atribuciones, tráfico de influencias y peculado.