COLIMA, Col. (apro).- Un grupo de 18 policías estatales y municipales se presentó hoy en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) para ratificar la queja presentada por abusos laborales de parte de sus jefes, quienes los han hecho cubrir turnos de hasta 36 horas seguidas, entre otras irregularidades. El agente Juan Nazario Alfaro Palacios, dirigente de la agrupación Seguridad, Dignificación Social y Amparo Laboral al Trabajador AC, señaló que son alrededor de 150 los elementos inconformes que suscribieron la queja, entre ellos de la Policía Estatal, de la Procuraduría General de Justicia, de corporaciones municipales, custodios y agentes de vialidad. Entre las demandas, dijo, se encuentra la instauración de horarios laborales más justos, pues actualmente se cubren turnos de 24 por 24 horas, pero cuando hay acuartelamientos éstos se extienden hasta 36 horas para vigilar movilizaciones sociales, como las protestas por el gasolinazo. “Ninguna persona –dijo– puede soportar trabajar 24 por 24 horas, porque prácticamente son tres días continuos los que se están trabajando, que se reducen porque las horas son sucesivas, pero cada empresario les da a sus empleados jornadas de ocho horas de labores y descansan el resto del día, pero el policía no tiene ese derecho, nos están robando tiempo de descanso”. Alfaro Palacios agregó que a pesar de que funcionarios del gobierno estatal han afirmado que el seguro de vida de los policías es por 195 mil pesos, en los últimos casos de uniformados asesinados sus familiares le han reportado que recibieron únicamente 80 u 85 mil pesos, lo que “es una miseria por perder la vida en aras de la libertad y la seguridad de terceras personas, es triste esa situación”. También consideró que es necesario incrementar los sueldos para que éstos sean decorosos y acordes con el riesgo de la actividad que realizan los policías, pues el salario promedio actual es de 5 mil 800 pesos quincenales. Además, indicó, falta que el gobierno del estado –a través de la Secretaría de Seguridad Pública– refuerce el equipamiento de los policías y proporcione mejores herramientas de trabajo, pues hace unos días se informó de la autorización de 33 millones de pesos para ese sector, pero “quisiéramos saber en qué se va a invertir ese dinero, porque el capital humano es el más importante que puede haber en este lugar”. Sin embargo, Juan Nazario Alfaro denunció que después de las primeras quejas sobre la situación de los policías, la SSP tomó represalias directamente en su contra, pues fue removido del palacio de gobierno, donde se encontraba asignado, a la zona arqueológica La Campana, en un predio a campo abierto. Ante el presidente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, el líder de los quejosos narró que antes de ser cambiado de adscripción uno de sus superiores le reprochó haber realizado declaraciones públicas y lo responsabilizó de la información que ha aparecido en los medios de comunicación sobre la situación laboral de los policías. Asimismo, refirió que muchos de sus compañeros han sufrido amenazas para disuadirlos de exigir sus derechos, pues son advertidos de que les será aplicada la prueba de control de confianza y serán despedidos. “Han de pensar que me van a reprender, que me van a meter miedo, pero esto ya no lo para nadie; sé que esto que hacemos está dentro del marco legal, dentro de nuestros derechos, era necesario que se hiciera esto, necesitamos mejores salarios y mejores condiciones laborales”, mencionó. Tras recibir la ratificación de la queja, el ombudsman estatal se comprometió a que una vez que el organismo defensor de los derechos humanos investigue el asunto y desahogue los medios probatorios del caso escuchando a todas las partes, estará en posibilidades de emitir su resolución al respecto. “Si nosotros emitimos una recomendación sin un sustento, no solamente vamos a afectar la credibilidad del organismo, sino que vamos afectar la causa que han tomado y han hecho propia los policías que hoy están haciendo el planteamiento”, manifestó Flores Arias. Además ofreció que estará vigilante del caso para disminuir el riesgo de las posibles represalias que podrían existir en torno a los hechos, además de defender el trato justo y digno, donde haya buen equipamiento, capacitación, así como una remuneración y jornada de trabajo acorde al tipo de labor que están desempeñando. El ombudsman reconoció la labor de los policías y refirió que en estos momentos el trabajo que desempeñan es de los más visibles para la ciudadanía colimense, por lo que “deseamos como sociedad que sea un cuerpo policial sólido desde el punto de vista moral y, para poder llevar a cabo dicho trabajo, se requiere que se cumpla con las adecuadas condiciones y prestaciones de índole laboral, con el fin de que su labor de alto riesgo dé excelentes resultados”.