PUEBLA, Pue. (apro).- Organizaciones sociales e indígenas de la Sierra Norte denunciaron que en esa zona se ha instrumentado un “terrorismo de Estado” que, con el uso de grupos paramilitares, busca desarticular e inhibir la participación de grupos sociales en defensa del territorio y los recursos naturales. En la rueda de prensa, Verónica Rivas, del Centro de Desarrollo y Capacitación entre Mujeres del Cadem; Daniel Otero, del Centro de Estudios Ecuménicos, y Miguel Hernández, del Consejo Tiyat Tlali, aseguraron que esta estrategia de sembrar el miedo y pánico en la población se refleja en un disparo de en los índices delictivos en zonas donde antes no ocurrían ese tipo de ilícitos. En un posicionamiento, representantes de las organizaciones señalan que el disparo de delitos como el robo, secuestros, ejecuciones y la portación de armas de uso exclusivo del Ejército en las poblaciones de la Sierra Norte pretende ser atribuida a la presencia del crimen organizado en esa zona, pero aseguraron que forma parte de una estrategia que promueve el Estado. “En la Sierra Norte el terrorismo de Estado se implementa bajo el discurso de que hay delincuencia organizada”, alertan. “Mentira, en realidad son grupos paramilitares que tienen como objetivo desarticular e inhibir procesos organizativos que defienden su territorio y que luchan por el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas, impidiendo la imposición de proyectos de extracción de recursos minerales, energéticos y naturales”, acusan las agrupaciones. También indican que en la Sierra Norte la estrategia de “miedo, pánico y terror” en contra de la población ha venido en aumento desde 2016, de manera paralela en que se ha fortalecido y crecido el movimiento en defensa del territorio. Sólo en el municipio de Cuetzalan, en el actual periodo del alcalde Oscar Paula Cruz, se han cometido más de 60 robos a casa habitación, seis robos a tiendas Diconsa, nueve hurtos a escuelas, dos robos a templos, cinco atracos a cooperativas de ahorro --uno de ellos con secuestro--, seis robos del dinero de Prospera y cuatro asaltos a cobradores de luz de la CFE. Igual, detallan que en ese mismo período se ha registrado un robo a la presidencia auxiliar de Yohualichan, un asalto al palacio municipal de Cuetzalan, un robo de cajero automático, 13 asaltos a vehículos repartidores, tres a vendedores de pan, 12 a repartidores de tortillas, 25 a vehículos de transporte público, 10 de éstos a mano armada y en el que en uno falleció una persona, así como 16 homicidios cometidos en caminos y vehículos. Los líderes sociales recordaron que en esas comunidades serranas, con población mayoritariamente indígena, existen numerosos proyectos de extracción de minerales y de aprovechamiento de recursos naturales, como hidroeléctricas y termoeléctricas, que son rechazados por los habitantes. Las organizaciones consideran que estas estrategias están relacionadas con la táctica de pánico que instrumentó el gobierno mexicano con los llamados “saqueadores” y la campaña de información falsa en internet, vía celulares y medios de comunicación, con el fin de provocar un enfrentamiento fratricida entre la población a fin de desarticular las marchas por el “gasolinazo”. Denuncia ante AI La agrupación popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre informó que el domingo pasado su dirigente, Rita Amador López, al lado de otras defensoras de derechos humanos, se reunió con el relator especial sobre la situación de los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos de la ONU, Michel Forst, en la sede de Amnistía Internacional (AI) México. En esa reunión, Amador presentó su caso y el de la agrupación que dirige, quienes han sido objeto de persecución durante el gobierno de Rafael Moreno Valle, el cual mantiene en prisión a tres de sus dirigentes, incluido el líder moral de la 28 de Octubre, Rubén Sarabia Sánchez, alias “Simitrio”.