CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Alrededor de cien indígenas rarámuris del pueblo de Baqueachi y su defensora Estela Ángeles Mondragón testificaron el pasado martes 17 la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5, con sede en esta ciudad, que ordenó a Luis Armando Olivas Muñoz desocupar las tierras que usurpó en el municipio de Carichí. La sentencia dictaminó la restitución del territorio a la comunidad de Baqueachi, con todos sus usos y acciones que ahí se encuentran, porque Olivas Muñoz no tenía derecho de usufructuar terrenos cuya titularidad corresponde a Baqueachi. El Tribunal reconoció a los rarámuri de esa comunidad localizada en la Sierra Madre Occidental como legítimos y verdaderos dueños del territorio, en una sentencia que Mondragón calificó como histórica a favor de un pueblo indígena. Durante más de dos décadas la defensora ha acompañado la lucha de esa comunidad, lo que le ha costado varias amenazas y el homicidio de su esposo, Ernesto Rábago, quien también era abogado del pueblo de Baqueachi. "La esperanza está realizada. Desde hace mucho tiempo te había dicho que teníamos la esperanza de que la voz de mi pueblo indio fuera escuchada, creo que nos están escuchando. Ayer (el martes), aunque llegó uno de los victimarios –la hija de uno de ellos–, se logró hacer. Ya no les da miedo a los rarámuri, saben que pueden enfrentar cosas que antes no hacían, porque han visto que se han dictado esas sentencias. Más que en la justicia, ya creen en la ley, porque ellos dicen que si se cumple la ley, hay justicia", dijo emocionada. Cuando los agentes destruían la propiedad de Olivas Muñoz, su hija intentó detenerlos sin lograrlo. El acto fue presenciado por aproximadamente cien indígenas y representantes de la Red Todos los Derechos para Todos. "Pudimos decir: ‘En Baqueachi somos fuertes’", expresó la abogada de la comunidad. En las luchas históricas que enfrenta ese pueblo, aún faltan por resolver tres sentencias. "En una necesitamos viajar a México para ver si ya causaron estado, pero también falta la de Nonoava que llevó 20 años y ya era una sentencia firme, pero impugnaron con tres amparos por 7 mil 500 hectáreas que están en manos de ganaderos. Ya llevan seis amparos perdidos, dos más están en revisión y en otros dos aún no dictan sentencia. Ahora tenemos la convicción de que los vamos a ganar", apuntó. En el ejido de Baqueachi, los rarámuri no cuentan con recursos económicos, han recibido amenazas constantes y han sido hostigados de manera cotidiana por los invasores, por lo que el logro alentó al pueblo. De acuerdo con Estela Ángeles, desde tiempos inmemoriales esa comunidad indígena ha trabajado "con mucho amor y decisión por cuidar y defender el territorio". Precisó que hace 89 años que los dotaron de 44 mil 784 hectáreas como ejido y continúan con esa defensa. Y durante más de 80 años –agregó– han enfrentado invasiones que han empobrecido su tierra, porque los invasores metieron ganado y éste ha ido acabando con los pastizales y también con el agua. Se apoderaron de las mejores tierras de siembra y se ha fragilizado su paz comunitaria. "Con esta alegría les compartimos este logro, agradeciendo de corazón a: Onorúame (Dios que es Padre) que nos ha enviado gente de bien y nos da fuerza en el corazón para seguir cuidando el territorio; a las autoridades indígenas que han trabajado sin descanso en este proceso, tanto a los que nos acompañan como a los que se fueron; a las autoridades de los tribunales que han sido justos y sabios al dar una sentencia basada en la verdad, la justicia y el derecho; a quienes han apoyado esta lucha donde quiera que estén", concluyó la defensora de Baqueachi.