Ombudsman pide a alcaldes de Yucatán garantizar integridad física de detenidos

lunes, 23 de enero de 2017
MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) inició de oficio dos quejas por presuntos suicidios registrados este mes en cárceles municipales, por lo que llamó de nuevo a todos los alcaldes de la entidad a garantizar la integridad física y la vida de los detenidos. Esos supuestos suicidios se reportaron el 17 y 22 de este mes en las cárceles públicas de Umán y Dzidzantún, respectivamente, pero el año pasado ocurrieron otras muertes sospechosas de detenidos, por supuestos paros cardiacos o amibiasis hasta en las celdas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). El ombudsman José Enrique Goff Ailloud instó a las autoridades a cumplir con los requerimientos básicos de operación en las cárceles municipales a fin de garantizar el respeto a la dignidad e integridad física de las personas detenidas. Luego recordó que la Codhey emitió la recomendación general 06/2014 sobre la situación de los derechos humanos de los detenidos en las cárceles municipales del estado de Yucatán. También resaltó que “todas las personas que estén detenidas o bajo custodia son responsabilidad de las autoridades, por lo que deberán siempre respetar la dignidad y garantizar su integridad física y la vida”. Igual destacó que, si bien es necesario resguardar algunas pertenencias de los detenidos, como cinturones, cadenas o cordones que podrían ser utilizados para atentar contra su vida, bajo ninguna circunstancia deberán las personas ser desvestidas. E insistió en que “resulta indispensable cumplir con algunos señalamientos básicos realizados por esta institución, como llevar un registro de ingresos y egresos de los detenidos, registro de pertenencias, realizar valoraciones médicas, proporcionar alimentación, permitir la vista familiar e implementar mecanismos de supervisión permanente con la finalidad de evitar o detectar oportunamente que los detenidos atenten contra su integridad física o su vida”. El ombudsman expuso que en las supervisiones programadas el año pasado la Codhey constató que 73% de las cárceles municipales “no cumplen con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos ni con los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión”.  

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