Guanajuato promueve a empresas para licitación de medicinas del Seguro Popular 

martes, 24 de enero de 2017
SILAO, Gto. (apro).- A unos días de que se realice la licitación anual para la compra y distribución de medicamentos del Seguro Popular en Guanajuato, el gobierno estatal salió a defender a las dos empresas que actualmente prestan este servicio, las cuales participan en el concurso que representa un contrato por mil 600 millones de pesos por año. Este miércoles 25 se conocerán las propuestas presentadas y el 3 de febrero se dará a conocer el fallo de esta licitación, aunque se prevé como un hecho que serán las dos empresas referidas las que reciban el siguiente contrato. En una gira a la que se invitó a reporteros, el subsecretario de Finanzas del estado, Ángel Isidro Macías, así como ejecutivos de la empresa Intercontinental de Medicamentos (Intermed), presumieron el centro de distribución de medicamentos que opera para la zona norte de la entidad, región en la que compete a esta empresa dichos servicios; mientras que la otra empresa, Distribuidora Intercontinental, se hace cargo de la zona sur. “Guanajuato va a seguir buscando los más altos estándares en la entrega de medicinas. El Distrito Federal (la Ciudad de México) tiene un 62% (de eficiencia) en entrega de medicamentos, comparados con nosotros con un 94.5%”, señaló el funcionario. El subsecretario, junto con ejecutivos de Intermed, se encargó de guiar un recorrido por el centro de distribución y el Hospital General de Silao para conocer el proceso por el que los derechohabientes del Seguro Popular en Guanajuato –más de tres millones– reciben su dosis de medicamentos recetados. La administración de Miguel Márquez decidió cancelar el servicio de distribución que antes estaba a cargo del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, el ISSEG, para asignarlo mediante licitación a dos empresas. De éstas, Intercontinental de Medicamentos fue señalada por anomalías en otras entidades, aunque según dijo, fueron resueltas posteriormente. En estas asignaciones se han declarado desiertas las licitaciones en una primera convocatoria. Posteriormente, se ha contratado a las dos empresas referidas, lo que ha sido criticado por diputados de oposición y otras voces que acusan al gobierno de Márquez de favorecerlas. De hecho, este martes durante el recorrido se hizo énfasis en que para una nueva empresa “sería muy difícil” tener la capacidad para prestar este servicio. Además, en todo momento los funcionarios del gobierno estatal resaltaron la capacidad de Intermed y de Distribuidora Intercontinental, en vísperas de la nueva licitación y luego de que en diciembre se declaró desierta una primera convocatoria, como ha sucedido en los procesos anteriores. “En términos legales ya hubiéramos podido asignar. Pero el gobernador nos ha pedido que hagamos la licitación hasta que resulte un ganador. Al inicio el gobernador Márquez pretendía que se hiciera una licitación sexenal, pero las normas federales marcan que sea por año”, explicó el subsecretario de Finanzas del estado. También presumió que con la modalidad de unidosis, es decir, la dosis exacta de medicamento –que desde enero del año pasado se aplica a los pacientes en unidades hospitalarias– se ha conseguido un ahorro de 20%, equivalente más de 300 millones de pesos del año pasado. Con ello, dijo, se pudo atender la demanda de los nuevos centros hospitalarios que se echaron a andar en el 2016, como fue hospital materno infantil en San Luis de la Paz o los hospitales comunitarios en Tarandacuao y Cuerámaro. “Andábamos en 150 ó 160  millones de pesos mensuales. Se implementó (la unidosis) a partir de enero de 2016 y bajamos a 120, 130 millones de pesos mensuales”, detalló Isidro Macías. Según el subsecretario de Finanzas, Guanajuato se encuentra en el tope máximo de recursos que asigna la federación para el Seguro Popular en el estado, “así que tenemos que buscar las mejores prácticas del mercado” para distribuir las mil 200 claves (distintos medicamentos) que maneja nuestro sistema”, agregó. Estas claves se encuentran en el catálogo autorizado por la Secretaría de Salud y los estados son libres de elegir las que van a manejar, pero la SS determina los precios máximos a pagar.