MEXICALI (apro).- Tras casi tres semanas de mantener plantones y bloqueos en los accesos de ocho oficinas del gobierno del Estado, la madrugada de este lunes integrantes del movimiento cívico “Mexicali Resiste” aceptaron abrir el acceso al Palacio de Gobierno, ante el despliegue de más de 500 policías y agentes ministeriales, quienes encabezados por Francisco Iribe Paniagua, subsecretario de Gobierno, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, llegaron a “dialogar” o a desalojar. Después del desencuentro con el gobernador Francisco Kiko Vega el sábado 28 de enero al mediodía, los integrantes de los plantones advirtieron que el operativo estatal para el desalojo se reforzó el domingo con la llegada de camiones y elementos de la Policía Estatal Preventiva, los Pepos como le llaman, e integrantes de la Policía Ministerial. Durante toda la jornada del domingo 29 de enero, los voceros y guardias de los ocho plantones se mantuvieron en “alerta roja” y acordaron mantener su posición de negociar con el gobierno del Estado un pliego de 11 puntos, que incluyen, entre otras cosas, la abrogación de cualquier intento de privatización del agua, así como proseguir con la instalación de la cervecera Constelation Brands y promover un amparo en contra del gasolinazo. Los representantes del movimiento cívico “Mexicali Resiste” sostienen que este lunes a las 14 horas deben tener un encuentro con representantes del gobierno de Kiko Vega para discutir los puntos de su pliego petitorio, que incluyen también el juicio político al jefe del Ejecutivo estatal, así como la reducción de salarios del mandatario estatal “hasta un máximo de 25 salarios mínimos”, así como la eliminación de todo tipo de sobresueldos, bonos, aguinaldos y automóviles. En otros puntos del pliego demandan el pago inmediato de sueldos y prestaciones retenidos a los trabajadores de la educación, como es el caso de los maestros interinos, jubilados de 2016, liberados y no liberados. Se calcula que existen 3 mil 200 trabajadores en esta situación. También demandan la abrogación de la Ley Vehicular “por ineficiente y por ser un negocio privado que implica reemplacamiento y verificación vehicular”. Asimismo, rechazan la eliminación del subsidio a las tarifas eléctricas, uno de los puntos más importantes del descontento ciudadano que proviene desde la administración municipal pasada, que incrementó las tarifas domésticas y comerciales. Los bloqueos a las oficinas del Poder Ejecutivo, del Congreso estatal, del Palacio del Ayuntamiento y de la recaudación de rentas, se decidió después de las concentraciones más grandes que se han visto en la capital de Baja California, con más de 40 mil personas en la Plaza Cívica, así como marchas y movilizaciones de los trabajadores de la educación, de los burócratas y de activistas ciudadanos que bloquearon durante más de 9 días el acceso y la salida de las pipas de Pemex en La Rosita. La presión ciudadana fue inesperada en Mexicali, y los integrantes del Congreso del Estado, dominado por PAN y PRI, se retractaron de la Ley de Aguas, que apenas habían aprobado el 20 de diciembre de 2016 y que generó el inicio de las protestas. Como en el episodio de La Rosita, donde la maestra Diana Gabriela Aranguren le entregó un ramo de flores a las fuerzas policiacas, en la madrugada de este lunes 30 de enero, los integrantes de los plantones decidieron liberar los accesos, pero no suspender ni levantar las casas de campaña hasta que se inicien las negociaciones, y colocaron rosas como señal de resistencia civil pacífica en las puertas del Palacio de Gobierno. La tensión durante la madrugada provocó que ciudadanos de Mexicali llegaran en apoyo a los integrantes de los plantones, desde la 1:00 y hasta las 2:30 horas, cuando decidieron finalmente ceder el acceso, con la promesa de sostener un diálogo con el gobernador Kiko Vega.