PUEBLA, Pue. (apro).- Cuando falta sólo un día para que concluya el sexenio de Rafael Moreno Valle, integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre realizaron un plantón para exigir al mandatario que cumpla, antes de partir, con las resoluciones judiciales que ordenan la liberación de cuatro de sus integrantes que se encuentran encarcelados. Tras una marcha-plantón, el vocero de la agrupación Tonatiuh Sarabia dijo que con la movilización también buscan denunciar que Moreno Valle trató de destruir a la 28 de Octubre durante su gobierno, al ser la organización social que más padeció de persecución y encarcelamiento de sus integrantes por parte de la gestión panista que está por concluir. Los comerciantes realizaron una marcha que partió del mercado Hidalgo hasta llegar al zócalo de esta capital, donde instalaron un plantón. Primero anunciaron que mantendrían el campamento de manera indefinida, pero por la noche dieron a conocer que se retirarían para evitar el riesgo de un desalojo violento. Sarabia anunció que por la mañana del martes los integrantes de “la 28” volverían a marchar y a instalar de nueva cuenta el campamento sobre la calle Reforma. Luego recordó que a la fecha se encuentran en prisión el líder moral de “la 28”, Rubén Sarabia Sánchez, así como sus dos hijos Xihuel y Rubén Atl, además de Fernando Alonso, esto pese a que los cuatro han logrado obtener amparos de la justicia federal, pero que el gobierno de Moreno Valle “se escuda en argucias legaloides” para no acatarlos. “Se niegan a respetar y cumplir las resoluciones de la justicia federal que señalan que el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas ha actuado sin razón y sin fundamento legal alguno para encarcelarlos”, explicó Sarabia. Parte de la persecución, aseguró, son los procedimientos penales que igual se han iniciado contra la dirigente de la agrupación y esposa de Simitrio, Rita Amador; contra la esposa de Xihuel, María de la Luz Gálvez, y hacia otros dos integrantes de la agrupación como Sergio León López y Silverio Montes Silva. Tonatiuh Sarabia refirió que el gobierno de Moreno Valle mantiene abiertas 127 averiguaciones previas contra integrantes de esa organización, en especial contra la esposa de Simitrio, Rita Amador, quien constantemente ha sido objeto de amenazas e intimidaciones. También señaló que, durante los últimos años de la administración morenovallista, múltiples operativos fueron instrumentados contra los vendedores ambulantes de la 28 de Octubre, que ocasionaron que pierdan más de 10 zonas de trabajo. Incluso, acusó que en ese intento por desaparecer a la organización, el gobierno morenovallista usó a pandilleros y organizaciones afines para saquear, golpear y hasta atacar con armas de fuego a los vendedores de los mercados agremiados, en especial el Hidalgo, principal bastión de “la 28”. “Atacó a nuestros compañeros de los mercados Zaragoza y Loreto, y a balazos trató de despojarnos del Hidalgo; amenaza con asesinar a Rita, a Julia y a sus hijos de 5 y 7 años, y con dañar a las nietas de Rita, además de amenazar y agredir a varios compañeros más”, narró Sarabia. En los últimos días, la 28 de Octubre ha publicado varios desplegados en los que reclama a Moreno Valle resolver, antes de concluir su gestión, la situación de los presos políticos, en especial el caso de Rubén Sarabia Simitrio. El abogado Samuel Porras denunció que en septiembre pasado, para evitar que el líder popular fuera liberado, el gobierno de Puebla manejó que no existía el resolutivo de preliberación a favor de Sarabia Sánchez, dictado desde el 5 de abril de 2001. Ello representa una “aberración”, explicó, debido al encarcelamiento de Simitrio, efectuado el 19 de diciembre de 2014, pues se llevó a cabo precisamente cuando un juez de esta entidad tomó como base ese resolutivo de beneficio de preliberación, para revocarlo. Además de los cuatro integrantes de la 28 de Octubre, el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla reportó que a unas horas que de concluya el sexenio, aún continúan encarcelados otras dos personas consideradas “presos políticos”. Se trata de un mototaxista, así como del exsecretario del Medio Ambiente durante la gestión marinista, Francisco Castillo Montemayor, a quien se le ha negado el beneficio del arraigo domiciliario, a pesar de tener 71 años de edad. El caso del exfuncionario marinista es considerado emblemático, pues fue arrestado justo a dos meses de que hizo declaraciones a la prensa en las que criticó directamente al mandatario poblano por las obras llevadas a cabo en el parque Flor del Bosque. Castillo Montemayor fustigó el desconocimiento en materia de educación ambiental por parte de Moreno Valle, luego de que convirtió una reserva ecológica en un parque de atracciones. “Es una torpeza y un crimen lo que están haciendo”, declaró el exsecretario, y agregó que “el gobernador comete muchas torpezas en su afán de hacer obras que impresionen a los poblanos y que van en contra del medio ambiente”. El 15 de noviembre pasado, justo dos meses después de que hizo esas declaraciones, el exfuncionario fue detenido cuando salía de su oficina acusado de supuesto peculado por el faltante de un equipo de estaciones de transferencia de basura, que hasta finales del sexenio pudieron corroborar que no se adquirieron. El hijo de Montemayor Castillo dijo que una de las pruebas a favor de su padre es que esas mismas estaciones de transferencia de basura por las que acusan a su padre, fueron reportadas como certificadas en el segundo informe de gobierno de Moreno Valle. También el Movimiento Cholula Viva y Digna denunció que, ya cuando fenece, el gobierno estatal mantiene vigente una orden de aprehensión en contra del catedrático universitario Roberto Formaccio, quien participó en las protestas contra el proyecto del mandatario por construir un parque en las inmediaciones de la Gran Pirámide.