COLIMA, Col. (apro).- Los altos índices de homicidios dolosos, que sitúan a esta entidad como la más violenta del país, transgreden toda lógica de un estado democrático y social de derecho, advirtió el ombudsman estatal Sabino Hermilo Flores Arias, al rendir su informe anual ante los representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Aunque dijo haber observado que las distintas instancias de los tres órdenes de gobierno han respondido atacando algunos aspectos de los problemas existentes en materia de violencia, “no han tenido los resultados que serían deseables”. Ante el gobernador priista José Ignacio Peralta Sánchez, los diputados locales y los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, Flores Arias señaló que gran parte de la sociedad “se encuentra desesperanzada, pues cada vez espera menos y desconfía más de las instituciones”. A lo anterior, añadió, se suma una percepción generalizada sobre la existencia de impunidad, corrupción, así como la falta de cumplimiento de la ley, lo que debilita a las instituciones democráticas y divide a la sociedad. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) señaló que si la criminalidad es uno de los fenómenos más corrosivos de los derechos humanos, las fallas en la seguridad pública potencializan ese deterioro hacia niveles más profundos de descomposición social. Por ello, consideró necesario se investiguen a fondo, y en el marco de los procedimientos legales, los actos de corrupción al interior de las corporaciones policiacas, a la vez que deben ser atendidas las demandas de mejoramiento de las condiciones de equipamiento, capacitación y jornadas de servicio que les permitan brindar mejores resultados. De acuerdo con Sabino Hermilo Flores, en las condiciones actuales cobra relevancia que se imprima mayor impulso a la elaboración del programa estatal de derechos humanos promovido desde la Secretaría de Gobernación, dado que se trata de un documento facilitador de la instrumentación de políticas públicas orientadas a los propósitos fundamentales de la gran reforma en materia de derechos humanos de 2011, para lograr un México en paz. “Debe ser prioridad del estado la transversalidad de la perspectiva de los derechos humanos en las políticas públicas, algo que debe permear en todas las estructuras gubernamentales”, recomendó. Flores Arias aclaró que “contra lo que sostienen algunos”, la CDHEC no es una institución defensora de delincuentes y por ningún motivo ese organismo es vía idónea para que alguien pretenda alcanzar impunidad. “Defendemos seres humanos, como cualquiera de nosotros, sin prejuzgar sobre responsabilidad alguna, pues de hacerlo así estaríamos violando la presunción de inocencia y, lo que es más grave, atribuyéndonos facultades que sólo competen al órgano judicial”, precisó. El ombudsman informó que a pesar de ejercer los principios de eficiencia, eficacia, austeridad, racionalidad, economía, transparencia y honradez, el presupuesto autorizado para el organismo humanitario resulta insuficiente, dificulta e impide llegar a mayor número de colimenses, como es el caso de aquellos que por razones geográficas tienen su residencia en municipios y zonas alejadas de la ciudad capital. También sostuvo que en 2016 se atendió, a través del Departamento de Orientación, Quejas y Gestión, a unas 861 personas, casos en los que 773 fueron asesorías y 88 se transformaron en gestiones, a la vez que se recibieron 451 quejas y por ello fueron emitidas 10 recomendaciones individuales y una general, de las que cuatro fueron dirigidas a la Procuraduría local, dos a la SSP, una a la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, una más a la Secretaría General de Gobierno estatal, una al ayuntamiento de Villa de Álvarez, y otra al ayuntamiento de Manzanillo. A lo largo de ese año también se dictaron dos medidas cautelares: una dirigida al ayuntamiento de Villa de Álvarez, el 5 de febrero de 2016, con motivo de las corridas de toros, propias de las fiestas charro-taurinas de este municipio, donde se demandó a la autoridad municipal que ejecutara las acciones necesarias para evitar exponer a los menores de edad a actos violentos, pero esta medida no fue cumplida, lo que motivó a la emisión de la Recomendación General No.1 de 2016. La segunda medida cautelar fue para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estatal, el 2 de marzo pasado, luego que la CDHEC realizó inspecciones en campos agrícolas del estado, derivadas de denuncias en medios de comunicación que referían trabajo infantil, por lo que la dependencia, atendiendo a la medida cautelar, implementó acciones de supervisión y sancionó a quienes utilizaron mano de obra infantil. En su intervención, el mandatario José Ignacio Peralta mencionó que pese a las restricciones financieras, su gobierno se esforzará para responder a la necesidad de la CDHEC de ofrecer una mayor cobertura de atención. El jefe del Ejecutivo dijo que la cultura de los derechos humanos influyó en la concepción del sistema de justicia penal, propiciando un modelo distinto que ya está siendo aplicado en el país. “Es cierto, aún existen algunos retos pendientes, pero podemos congratularnos del cambio cualitativo experimentado en el lapso que media entre unos cuantos años”, expresó.