CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, por violaciones a los derechos humanos de niños y jornaleros agrícolas indígenas hallados en una finca en Villa Juárez. En el rancho los jornaleros, entre ellos, niños y adolescentes, se sembraba chile y pepino, y sus condiciones de vivienda y alimentación eran insalubres e indignas. El 13 de julio de 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos remitió al organismo nacional la queja sobre el caso, y tras realizar su investigación la CNDH constató violaciones al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno y al interés superior de la niñez, al derecho al trabajo, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia. La CNDH atribuyó dichas violaciones a 12 servidores públicos adscritos a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social federal, a su homóloga local, a la Procuraduría General de Justicia y a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor (PPNNA), estas tres últimas, instancias del gobierno estatal. También acreditó acciones y omisiones de esas dependencias por no investigar el caso, ni proteger y salvaguardar los derechos de los jornaleros. Incluso por aceptar las medidas cautelares solicitadas por la CNDH y no poner en marcha acciones eficaces y oportunas en favor de los jornaleros. En el caso de la Procuraduría, señaló que ésta que se limitó a realizar gestiones administrativas y no investigó ni determinó la posible comisión de delitos relacionados con la explotación laboral y/o trata de personas, para dictar medidas de protección necesarias. Por ello la CNDH recomendó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al gobierno de San Luis Potosí colaborar en la presentación de las quejas que promueva ante los respectivos Órganos Internos de Control contra los servidores públicos involucrados. Asimismo, les pidió elaborar un diagnóstico sobre la situación de los jornaleros que incluya la participación de académicos expertos en derechos humanos y trata de personas, derechos de niñas, niños y adolescentes y servidores públicos de la STPS. También, implementar acciones de prevención de la trata de personas en los trabajos o servicios forzados en el campo, para jornaleros agrícolas y para empleadores y dueños de centros de trabajo; implementar un protocolo de actuación para los servidores públicos, con perspectiva de género y de atención a niñas, niños y adolescentes, que incluya las obligaciones de las diferentes dependencias involucradas. Emitir una circular dirigida a al personal involucrado en las visitas de inspección, para que al advertir presencia menores de edad se les brinde protección integral y respeto a sus derechos humanos, “sin menoscabo de la protección que se dé a sus progenitores o núcleos familiares”. También pidió capacitar a los inspectores federales del trabajo en materia de derechos humanos, con énfasis en prevención, identificación y atención de casos donde se presuma trata de personas, y con perspectiva del respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Además, elaborar y firmar un convenio con el gobierno estatal y con los distintos municipios para identificar fincas o centros de trabajo agrícola, e integrar registro que permita su supervisión y vigilancia, y colaborar con la CNDH, al igual que al gobierno estatal, en el seguimiento de la investigación que se desahoga en la Procuraduría local.