GUANAJUATO, Gto. (apro).- Las menores Leticia Escorcia Ramírez y Arleth Hazel Espinoza Osornio, de 14 y 13 años, respectivamente, estaban albergadas en el centro de asistencia Ciudad del Niño de Salamanca, pero desde el 28 de febrero pasado “salieron” del lugar y hasta la fecha se desconoce su paradero. Originarias o residentes de San Luis de la Paz, Leticia y Arleth fueron víctimas de violación calificada, motivo por el cual el DIF del municipio “se hizo cargo” de ellas y las envió a la Ciudad del Niño para que estuvieran a salvo y en un lugar seguro. El albergue es investigado ahora por la Procuraduría General de la República (PGR) e intervenido por autoridades estatales, debido a diversas anomalías detectadas. Maltrato físico, castigos corporales y psicológicos --como encierros en habitaciones a oscuras y sin alimentos--, desatención médica y abusos sexuales fueron confirmados por varios menores que se encontraban en el lugar y cuyos testimonios quedaron plasmados en la sentencia de amparo 475/2016-VIII, dictada el 9 de junio pasado por Karla María Macías Lovera, juez novena de distrito con sede en Irapuato. El pasado miércoles 4, ocho meses después de su salida del centro de asistencia que dirigía el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado emitió la ficha de Alerta Ámber por la desaparición de Leticia y Arleth: cabello largo y ondulado, piel morena clara y ojos grandes de color negro. No hay ningún otro dato en la ficha sobre la fecha en que las menores ingresaron a Ciudad del Niño, ni sobre sus características, estatura, la ropa que vestían o alguna seña particular. Un único dato adicional: “El 22 de abril del 2017 se publicó un video en la red social Facebook en donde aparecen las menores en Morelia, Michoacán; al acudir a dicho lugar, las menores ya no se encontraban. Se teme por su integridad dada su minoría de edad y que puedan ser víctimas de algún delito”. Morelia es sede de otro de los centros de asistencia fundados y dirigidos por el sacerdote Pedro Gutiérrez Farías, a quien la PGJ no investiga, pese a las irregularidades detectadas en la Ciudad del Niño de Salamanca, como el cambio de actas de nacimiento de más de un centenar de infantes para registrarlos con los apellidos del sacerdote y una monja que lo auxiliaba, como si fueran el padre y la madre. Sobre las dos menores desaparecidas, se supo que estuvieron en el albergue en abril pasado, cuando la regidora Leticia Martínez se quejó en el ayuntamiento por el manejo que el DIF de San Luis de la Paz dio al caso de las menores, a quienes, subrayó, debía resguardar, por lo que pidió la destitución de funcionarias de la institución. Por la desaparición y la posible negligencia de autoridades, la Procuraduría de los Derechos Humanos inició el expediente 46/17-D, mientras que el Ministerio Público número 6 de Salamanca abrió la carpeta de investigación 21178/2017. Al respecto, el director del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en Guanajuato (NIMA), Raymundo Sandoval, dijo a Apro que el caso de las dos menores desaparecidas desde hace meses fue incluido en un informe que el organismo recabó y publicó sobre Ciudad del Niño, y que fue entregado a instancias federales con las que NIMA colabora “para lograr el acceso a la justicia de las víctimas” del albergue. “NIMA ha seguido documentando los casos, ha propuesto al gobierno del estado instalar una mesa estatal para generar medidas de no repetición, pero no ha recibido respuesta. Nos parece fundamental que la PGR continúe la investigación sobre el delito de trata de personas”, apuntó. Actualmente la Ciudad del Niño continúa bajo la responsabilidad del DIF estatal, y supuestamente se encuentra en un proceso de reintegración de quienes están albergados en sus hogares o con familiares, o bien en otros centros de asistencia, pues al parecer el centro fundado por el sacerdote Gutiérrez será cerrado definitivamente. Sin embargo, “consideramos que la única manera de generar condiciones de acceso a la justicia es la sanción a las responsables, reparación del daño y garantía de no repetición. Y la sanción incluye a autoridades si éstas fueron omisas, además de los particulares”, concluyó el director de NIMA.