OAXACA, Oax. (apro).- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total temporal la zona federal de la ribera del río Los Perros o de Las Nutrias, y podría imponer una multa de 3.7 millones de pesos al ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec por depositar escombros de la demolición de viviendas dañadas por los sismos de septiembre pasado. De igual forma, advirtió que se interpondrá una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de que se realicen las investigaciones en contra de quien resulte responsable. Luego de realizar una inspección en materia de impacto ambiental, debido a las actividades realizadas en la mencionada zona federal, sin contar con autorización por parte de la Semarnat, se procedió a la clausura del sitio. En un comunicado, la Profepa informó que clausuró la zona federal de la ribera del río Los Perros o de Las Nutrias, debido a que las autoridades de Asunción Ixtaltepec colocaron 4 mil 783 m3 de residuos provenientes de la demolición de las edificaciones afectadas por los sismos sin contar con la autorización emitida por la Semarnat. En la inspección practicada el lunes 9, la dependencia constató que las autoridades del ayuntamiento de Asunción Ixtaltepec se encontraban realizando actividades en la ribera del río comprendida como zona federal en un área total de 16 mil 183 m2, afectando un total de 3 mil 50 metros cuadrados. Igual recordó que los sismos acontecidos los días 7 y 19 de septiembre causaron afectaciones a las viviendas de diversas comunidades y se colocaron 4 mil 783 m3 de residuos provenientes de la demolición de las edificaciones del municipio de Asunción, Ixtaltepec dentro de zona federal a lo largo de 305 metros de la ribera del río Los Perros, “actividad que debe contar con autorización emitida por la Semarnat, y cuya vigilancia corresponde a esta Procuraduría”. Al no contar con la autorización referida, se procedió a imponer como medida de seguridad la clausura total temporal de esa zona, por lo que no se podrá seguir realizando el depósito de dicho material, hasta en tanto no se obtenga la autorización correspondiente, advirtió la Profepa. Derivado del incumplimiento a estas obligaciones ambientales, al no contar con la autorización correspondiente, se interpondrá una denuncia penal ante la PGR, a fin de que se realicen las investigaciones en contra de quien resulte responsable, insistió la dependencia. De no respetar la clausura impuesta por la Profepa, se podrá imponer otra denuncia penal por violación a la medida de seguridad. Las violaciones a la normatividad ambiental pueden implicar una sanción económica de hasta 3.7 millones de pesos por cada infracción cometida.