Jueza vincula a proceso a extesorero del PRI en Chihuahua

jueves, 12 de octubre de 2017 · 17:09
CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La jueza de Control, Sandra Zulema Palma Sáenz, vinculó a proceso al exsecretario de finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI, Pedro Mauli Romero Chávez, por el delito de peculado tras haber recibido 63 millones 833 mil 333 pesos directamente de la tesorería del gobierno de César Duarte Jáquez, que correspondían a compensaciones simuladas para empleados. Con el dinero desviado, los priistas habrían pagado la nómina de empleados de ese partido y construido la nueva sede del PRI estatal, ubicadas en la calle Melchor Guaspe 2000 de la colonia Dale, al sur de esta capital. El 28 de noviembre de 2015, Manlio Fabio Beltrones inauguró el nuevo edificio en su calidad de líder nacional del PRI, y en su discurso resaltó: "Verdaderamente es de enorme satisfacción y gran honor estar aquí con ustedes, con mis amigos del PRI de Chihuahua, viendo cómo inauguramos estas magníficas instalaciones de nuestro partido, que hablan de la grandeza del PRI de Chihuahua y la grandeza de los priistas en Chihuahua. Esto lo hemos construido todos juntos, haciendo que las cosas buenas pasen, de tal manera que hoy el PRI inaugura oficinas y también arranca los trabajos hacia el futuro. "Esto es lo que hoy nos tiene aquí congregados, lo hacemos en las espléndidas instalaciones y con un magnífico auditorio que son ustedes, quienes le dan fuerza al PRI. Ustedes que han podido construir un PRI tan fuerte que lo han hecho triunfador". El MP denunció que, entre 2014 y 2015, Pedro Mauli Romero recibió tres millones de pesos mensuales más cantidades adicionales durante los meses de diciembre por instrucciones de Duarte Jáquez. Los depósitos los hacían directo de las arcas públicas, a través de la Secretaría de Hacienda, a la cuenta 0166143970 del Banco BBVA Bancomer, que corresponde al PRI estatal. El priista fue detenido en la ciudad de Chihuahua y, de acuerdo con documentos como cheques y registros de cuentas bancarias en las que hicieron los depósitos, proporcionados por el actual director general de Egresos, Eduardo Fernández Herrera, los casi 64 millones que recibió Pedro Mauli Romero correspondían a pagos extraordinarios por compensación para trabajadores del gobierno estatal. Los cheques fueron cobrados en efectivo a través de la empresa Servicio Panamericano de Protección. La representación social dio a conocer a la jueza que, el 29 de marzo pasado, bloquearon la computadora del tesorero y el acceso a su oficina, localizada en la planta baja del edificio Héroes de la Reforma. Al revisar la información de egresos encontraron que en la caja fuerte había dos carpetas con información con fechas de 2014 y 2015. La caja contenía documentos como recibos simples por diferentes cantidades que fueron entregadas al PRI estatal, a través de Romero Chávez, por lo que lograron tipificar los delitos electorales. El 5 de mayo, las autoridades hacendarias actuales pidieron las copias de los cheques a la institución bancaria BBVA, ya que estaban referenciados en los estados de cuenta por 5 millones de pesos, que eran cargados a la cuenta de Recursos Humanos de la Secretaría de Hacienda. Todos los cheques contenían un depósito en cuenta 0445561167, cuyo cliente común es Servicio Panamericano de Protección. Los recibos indicaban en el concepto: “Recibí de la Secretaría de Hacienda por concepto de apoyo extraordinario al PRI estatal, correspondiente a (determinado periodo). Recibió contador público, Pedro Mauli Romero Chávez”, acompañados por su firma. La defensa del priista pidió a Sandra Zulema Palma que se declare incompetente en el caso, ya que su cliente enfrenta otro proceso penal ante el Juzgado Primero de Distrito (bajo libertad condicional) por el mismo delito, también por desviar recursos, de 14 millones 600 mil pesos; por ello, considera que se trata de los mismos hechos, por lo que no podría ser juzgado dos veces por el mismo delito. La jueza indicó que no hay evidencia de que se trate de los mismos hechos. De acuerdo con el testigo protegido identificado como PL 99456/2017, los casi 15 mil millones de pesos del caso federal fueron desviados de la nómina de los empleados de gobierno y los casi 64 millones los desviaron directamente de la Tesorería, donde simularon compensaciones que supuestamente entregarían a los empleados, lo que nunca sucedió. Ambos desvíos, de acuerdo con testigos en ambos procesos, fueron ordenados por César Duarte. En el proceso federal, los 14 millones habrían sido utilizados para campañas electorales de 2015 y 2016, mientras que los más de 63 millones de pesos los utilizaron para el pago de la nómina de trabajadores del PRI y para la construcción del nuevo edificio del partido. La declaración del testigo protegido en el proceso local reveló que César Duarte instruyó el desvío desde el 2014. La orden fue sacar del erario 5 millones de pesos mensuales, tres millones para el PRI estatal y dos millones más para “otros paguitos”. El tesorero de la Secretaría de Hacienda, Francisco Hernández Vega, debía desviar 5 millones de pesos a la dirección de Recursos Humanos, que estaba a cargo de Adrián Dozal, por el concepto de pago de compensaciones para trabajadores, que nunca conocieron sobre ese dinero. Una vez que Adrián Dozal generaba los cheques, los cambiaba a efectivo y Pedro Mauli Romero recibía 3 millones en efectivo al mes, más las dos aportaciones extraordinarias en diciembre de 2014 y 2015. En el juzgado federal se vinculó a proceso en junio pasado por peculado electoral, acusados por la FEPADE, además de Pedro Mauli Romero, al exsecretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral; el exdirector de Egresos de Hacienda, Jesús Olivas Arzate, y el director de Programación y Control de Pagos y Seguimiento Financiero, Miguel Ángel Mezquitic Aguirre. Por ese mismo proceso, César Duarte se encuentra en calidad de prófugo de la justicia, ya que tiene una orden de aprehensión. También están involucrados el exdirector de Administración de la Secretaría de Hacienda, Gerardo Villegas Madriles (actualmente preso por otros cargos, entre ellos peculado agravado); el exdirector de Recursos Humanos, Adrián Dozal Dozal (no se presentó ante el juez), y la expresidenta estatal del PRI, Karina Velázquez Ramírez, quien actualmente es presidenta del Congreso local y por lo tanto no fue citada ante el juez porque tiene fuero. No obstante, esta semana inició el proceso de petición de desafuero ante la Cámara de Diputados.

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