CHILPANCICNGO Gro. (apro).– El alcalde de Chilpancingo, el priista Marco Antonio Leyva Mena, solicitó licencia al Congreso local para separarse del cargo, tras su confrontación con el gobernador Héctor Astudillo Flores por el control de las ganancias que genera la recolección y reciclaje de la basura en la región Centro de la entidad. Por su parte, diputados locales del PRD y miembros de organizaciones afines al gobernador Astudillo decidieron interponer ante el Congreso local un juicio de revocación de mandato contra el alcalde capitalino, a quien responsabilizaron por el deficiente servicio de recolección y destino final de residuos sólidos. Ante la celeridad que le dieron al procedimiento legislativo, Leyva Mena decidió dimitir desde el domingo 15 debido a que el martes 17 se iba a presentar el dictamen de la Comisión Instructora en la sesión de pleno. No obstante, el diputado local priista Cuauhtémoc Salgado Romero informó que el juicio de revocación de mandato quedó suspendido porque el alcalde capitalino presentó la licencia para separarse del cargo. Mientras, la síndica Cristina Morales Nicolás quedó como encargada de despacho en el ayuntamiento de Chilpancingo, en tanto el Congreso designa al presidente municipal interino. El miércoles 11, Apro informó que Astudillo y Leyva habían destinado recursos millonarios para beneficiar a empresas virtuales y dueños de predios privados, además de depositar residuos sólidos en una franja de narcofosas en Iguala, con el propósito de asumir el control del negocio de la basura en la región Centro de la entidad. De 2014 a la fecha, los gobiernos estatal y municipal erogaron más de 62 millones de pesos para el saneamiento de un relleno sanitario clausurado y la ejecución de dos proyectos de tratamiento fallidos, lo que provocó una crisis en la capital de la entidad, admitió Leyva. Informó incluso que el cabildo de Chilpancingo emitió un acuerdo desde el año pasado para que el secretario de Imagen Urbana, Carlos Ramírez González, se encargue de la recolección de basura en la capital de la entidad, a pesar de que este hecho representa un conflicto de intereses sancionado por la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del estado. Ello, debido a que el funcionario municipal que gana más de 60 mil pesos mensuales y forma parte del grupo político del gobernador Astudillo, es propietario de un negocio privado de unidades recolectoras de desechos sólidos que operan en Chilpancingo. sin regulación, y cobran el servicio a la sociedad. A principios de mes, la empresa virtual LiXO Proyectos Ambientales decidió suspender “por falta de pago” los trabajos de saneamiento del tiradero a cielo abierto ubicado en el municipio vecino de Eduardo Neri. Ante la ausencia de un espacio para acumular la basura, un grupo de pepenadores que conforman una flotilla 150 unidades de recolección en la capital, liderados por el funcionario municipal vinculado a Astudillo, también dejaron de prestar el servicio que cobran directamente a la ciudadanía de manera unilateral y con la complacencia de las autoridades municipales. La parálisis del sistema privatizado de acumulación y recolección de residuos sólidos en Chilpancingo se agudizó luego de que los habitantes decidieron tirar sus deshechos en las principales calles de la ciudad, que hoy están atiborradas de bolsas negras con desperdicio inorgánico y orgánico. Ante esta situación, el gobernador Astudillo se asumió como salvador de la capital de la entidad y rentó camiones para recolectar la basura que fue depositada en un predio de su familia conocido como rancho Los Astudillo, aun cuando la propiedad no tiene los permisos ambientales que marca la norma oficial. Leyva, por su parte, viajó a la Ciudad de México y hasta ahora no ha emitido una postura sobre su dimisión.