Ejidatarios de Zacatecas bloquean la minera Peñasquito; la acusan de agotar pozos y dañar cultivos

lunes, 2 de octubre de 2017 · 17:13
ZACATECAS, ZAC. (apro).- Integrantes del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería y ejidatarios de localidades aledañas a la compañía Peñasquito, filial de Gold Corp que opera en el municipio de Mazapil, cumplieron cinco días de bloquear los accesos a las instalaciones de la firma, a la que acusan de haber agotado los pozos de agua potable y causar daños a los cultivos. La minera asegura que se mantiene dispuesta al diálogo con quienes encabezan esta protesta, y sostuvo en un comunicado que ha cumplido con los convenios de ocupación temporal de tierras, así como beneficios derivados del convenio firmado con los ejidatarios, como becas, empleo local y apoyo a microempresas. [caption id="attachment_505812" align="alignnone" width="1200"]Manta de protesta contra la minera Peñasquito. Foto: Especial Manta de protesta contra la minera Peñasquito. Foto: Especial[/caption] La filial de Gold Corp paga al año 524 dólares por cada hectárea que ocupa para sus actividades. Sin embargo, según lo señalado por Felipe Pinedo, coordinador del Frente Popular de Lucha de Zacatecas, la empresa ha cumplido de manera parcial con dichos compromisos, mientras que ha afectado el derecho al agua y a un medio ambiente sano para los habitantes de la zona. “Ellos están cumpliendo con los contratos de ocupación temporal, que es la renta de las cerca de 10 mil hectáreas que tienen en posesión para explotar oro, plata, plomo, así como donde están los pozos del agua y otras tierras donde les proveen obras de infraestructura hidráulica, eléctrica y demás… pero mientras tanto están afectando gravemente el acceso al agua de estos poblados”, dijo a Apro. Como ejemplos, responsabilizó a la empresa de secar un manantial que durante más de 200 años corrió por San Juan de los Cedros, así como de agotar el agua de los pozos de abastecimiento de Cedros, El Vergel, Los Charcos, Las Mesas y Matamoros, además de pozos para riego. “Tiene perforaciones de 700 a mil metros de profundidad, y el agua que obtienen la están repartiendo en pipas en las comunidades… es evidente que a esa profundidad ya se detectan altos niveles de metales cancerígenos, como el plomo y el selenio. Y a ese tema del agua no le quieren entrar”, señaló Pinedo. Luego explicó que los directivos de Peñasquito han propuesto un plan de abastecimiento, pero únicamente a cinco años, con el que no están de acuerdo los ejidatarios. “El daño es permanente, ellos lo tienen que resarcir”, advirtió. Cruz Barrios, comisariado ejidal de El Vergel, afirmó que la minera invade ejidos sin permiso, daña los caminos y desvía el agua pluvial, por lo que los estanques “están secos”. Ejidatarios de El Vergel explicaron que la misma compañía minera ha desviado y bloqueado vados y vías de abastecimiento para bordos y acequias, provocando inundaciones en cultivos y sequías en otros, con pérdidas para los agricultores y también daños al ganado. “Nunca como ahora había llovido tanto en el semidesierto y no hay agua en los bordos para las cabras y vacas”, deploraron. Pinedo acusó un contubernio de las autoridades federales, entre ellas de Conagua y Semarnat, con la empresa, “pues compraron mucha agua de uso agrícola y le están dando un destino industrial, pese a ello y siguen recibiendo concesiones”. Para lavar los cientos de toneladas de piedra de mineral que extrae a diario, Peñasquito puede utilizar hasta 43 millones de metros cúbicos de agua. El Frente de Comunidades Afectadas por la Minería gestionó una cita en la Secretaría de Gobernación para poner sobre la mesa federal su queja y la violación al derecho al agua, misma que también está planteando ante organismos internacionales, señaló Pinedo. En tanto, la empresa interpuso denuncias penales en contra de quienes mantienen el bloqueo, a los que acusa de secuestro y delincuencia organizada, entre otros delitos. En su comunicado, Peñasquito exigió la intervención de las autoridades para retirar el bloqueo y proceder contra los responsables, al argumentar que se pone en riesgo una fuente de empleo para más de 4 mil trabajadores.  

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