GUADALAJARA, Jal. (apro).- La diputada Lourdes Martínez Pizano impulsa la iniciativa de Ley de Autopartes en la que propone a los propietarios de los negocios de ese rubro publicar sus inventarios para acreditar que no comercializan productos robados. El propósito de esa medida es inhibir el robo, así como la compraventa de chatarra y de autopartes, arguye la legisladora del partido Movimiento Ciudadano: “Esta ley dará mayor certeza, seguridad jurídica a las operaciones realizadas en los establecimientos, beneficiando a propietarios, encargados y a las personas que compran y venden vehículos en desuso de manera que los involucrados en las transacciones tendrán certeza legal”. Por su parte, el administrador de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS), Marco Valerio Pérez Gollaz, explicó que a la par se homologarán los reglamentos en los nuevos municipios del área metropolitana –donde radica el 70% de la población– para el otorgamiento de licencias de chatarreras y tiendas de autopartes. En la nueva reglamentación, que estaría lista en 30 ó 40 días, se les pide a los propietarios de los establecimientos instalar cámaras al exterior de sus negocios y suscribir un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE). El propósito es que informen mensualmente qué venden y de dónde provienen sus productos. En caso de incumplir, serán multados e incluso podría revocárseles su licencia. Pérez Gollaz pide a la FGE que la norma no aplique sólo a la extinción de dominio de propiedades empleadas para el narcotráfico –sólo se contabilizan tres casos en el estado–, sino a cualquier “espacio (donde) se generen conductas delictivas”, como la compra venta de autopartes robadas. La AMS conoce que en los municipios donde creció la venta de productos de metal robados (alcantarillas, registros de luz, cobre) es en las chatarreras ubicadas en los municipios de Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo, Juanacatlán y El Salto, mientras que las autopartes se identifican la zona de 5 de Febrero, así como en las salidas al aeropuerto y a Tesistán. Admite el administrador que el delito de robo de autopartes ha aumentado en el área metropolitana, e incluso informó que tienen identificada a una banda de menores que operan en las colonias Providencia y Americana. El problema es que cuando las autoridades los detienen, debido al nuevo sistema de Justicia Penal, salen libres. “Hoy –dice– la ley no les obliga a purgar una pena, sino sólo a ser señalados como infractores”. Para evitar que los negocios dedicados a la compraventa de oro y plata adquieran joyas robadas, Pérez Gollaz propone que al momento de que el pignorante intente venderlas, debe mostrar una factura para que comprueba que él es el propietario, se identifique con una foto y asiente sus huellas digitales durante la transacción. De esa manera, la FGE podrá tener información fidedigna de quién genera la comercialización.