PUEBLA, Pue. (apro).- La plataforma Uber se manifestó contra disposiciones que pretende introducir el gobierno de Puebla a través de una reforma a la Ley Estatal del Transporte, pues aseguró que violan el derecho a la privacidad de los ciudadanos, limitan su acceso a la tecnología y son discriminatorias. En un comunicado, la empresa de transporte privado dijo estar de acuerdo en mejorar la seguridad que ofrecen socios y conductores, pero consideró que las normas que pretende la autoridad poblana, en especial para tener acceso en tiempo real a los viajes realizados, constituye una violación al derecho a la vida privada. La reforma legislativa fue propuesta por el gobierno de Antonio Gali Fayad luego de que conductores de las plataformas Uber y Cabify resultaron implicados en los homicidios de dos estudiantes. El primer caso fue el de Mara Castilla Miranda, alumna de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP) que fue violada y asesinada por un conductor de Cabify el pasado 8 de septiembre. En tanto que el 30 de septiembre, la estudiante de la BUAP, Mariana Fuentes, fue asaltada y asesinada por un grupo de sujetos que eran transportados por un chofer de Uber. A partir de esto, el gobernador Antonio Gali Fayad retiró el permiso para operar en esta entidad a Cabify, y envió una iniciativa al Congreso local que propone regular la operación de ese tipo de taxis. Sin embargo, Uber expresó una serie de inconformidades con el contenido de la ley, en especial la que establece que el gobierno de Puebla tendría acceso a la plataforma en tiempo real para monitorear los viajes de los usuarios. La empresa aseguró que esta medida es innecesaria, ya que, en caso de incidentes, ha colaborado con las autoridades y ha aportado la información que se le ha requerido y que incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado que sólo se informe del uso del servicio cuando se justifique legalmente. También criticó que la ley permita sólo la modalidad electrónica como forma de pago, pues aseguró que se trata de una disposición “discriminatoria”, que de aprobarse dejaría a más de 150 mil poblanos sin posibilidades de usar el servicio. Uber se inconformó también porque la propuesta legislativa obliga a llevar a cabo investigaciones socioeconómicas a potenciales socios conductores de Uber, pues consideró que de igual forma esta medida sería discriminatoria. También reprobó que se obligue a los conductores a tramitar la licencia tipo mercantil, pues aseguró que esto no garantiza una mejoría en las condiciones de seguridad del servicio, pero sí aumenta costos y trámites. “El costo y tiempo adicional que implica la licencia mercantil haría prohibitiva la oportunidad de conducir en un esquema flexible”, recalca. “Parte de esta nueva regulación, en vez de enfocarse en promover acciones de seguridad, busca bloquear el principio de la economía colaborativa de permitir que las personas decidan cuándo, dónde y cuánto tiempo destinarán a tener un ingreso extra”, asegura la empresa.