TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Policías estatales y municipales marcharon en esta capital y en Tapachula para exigir a las comisiones Estatal (CEDH) y Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que investiguen las precarias condiciones en las que desempeñan su labor, y hagan las recomendaciones respectivas. Agremiados en la Organización de Policías Chiapanecos en Defensa de sus Derechos Humanos, AC (Opchuddh AC), los uniformados en esta ciudad manifestaron su indignación por la muerte de dos compañeros que fueron abatidos por sujetos armados en el fallido desalojo del pasado 29 de septiembre en la carretera San Cristóbal de las Casas- Comitán. En voz de sus líderes Mario Eduardo Clemente Estrada y el comandante Rogelio Hernández, señalaron que no fue fácil salir a marchar y protestar, porque siempre sufren represalias, como ser enviados a lugares muy lejanos de sus bases o cuarteles, donde ni siquiera llega la señal de telefonía celular para reportar incidentes. Denunciaron que los policías municipales en Chiapas ganan en promedio 2 mil 600 pesos quincenales, “un sueldo raquítico”, mientras que en otras entidades son mejor pagados y gozan de todas las prestaciones de ley que les da seguridad a ellos y sus familias. Los viáticos, añadieron, son de 80 pesos para unos y de 240 pesos para otros, es decir, no es parejo para todos. “Y lo peor es que hay uniformados a los que ni eso se les da”. De acuerdo con los policías, para estar “en condiciones mínimas necesarias” para poder desempeñar su labor deberían cobrar al menos 6 mil pesos quincenales. Sobre el servicio médico que reciben, aseguraron que es “pésimo”, pese a que está subrogado a un sanatorio privado como el Hospital Muñoa. Por ello, pidieron a la CNDH y la CEDH que intervengan y revisen las condiciones precarias en las que cada día desempeñar su labor, pues muchas veces son “lanzados” a los operativos policiacos de desalojo sin chalecos antibalas ni cascos, y tampoco cuentan con las herramientas necesarias para enfrentar a los delincuentes, quienes muchas veces traen mejores armas que ellos. Los uniformados también pidieron la renuncia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Luis Llaven Abarca, porque –subrayaron-- no ha escuchado las demandas de la organización. Finalmente, denunciaron los abusos de los que son víctimas por parte del comisario Carlos Manuel Calvo Martínez, quien, aseguraron, los pone a trabajar en horarios extenuantes y no apropiados “para rendir como buenos elementos en las fuerzas de seguridad", y si no cumplen son arrestados o no les dan viáticos.